De la revolución a la evolución

  • La Eurocámara y los países suavizan la dura propuesta de Bruselas sobre la PAC Andalucía sigue saliendo perjudicada, pero el golpe queda amortiguado

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La negociación de la Política Agraria Común (PAC) que se pondrá en marcha en 2015 (la idea inicial era 2014, pero no parece viable) está en un momento clave. Las tres partes -Comisión Europea, Eurocámara y Estados miembros- han fijado su posición y el jueves iniciaron la negociación, que se alargará hasta finales de junio.

La situación, a día de hoy, es más favorable para la agricultura andaluza que hace dos años, cuando la Comisión Europea lanzó una durísima propuesta que contemplaba la evolución hacia una tasa plana (pago uniforme por hectárea, independientemente del cultivo). El perjuicio para el agricultor andaluz era evidente, ya que se veía abocado a un fuerte trasvase de fondos. En nuestra región, el productor recibió de media en 2009, el año que se toma como referencia, 340 euros por hectárea. En España fueron 229 y en Europa 264. La aplicación sin ningún tipo de matiz de la tasa plana supone, más allá de transiciones para hacer menos lesivo el golpe, la pérdida de más de 100 euros por hectárea. Al olivar, que recibía en 2009 más de 600, se le restarían 500. Se calculaba que la sangría para toda la agricultura andaluza podía llegar a los 1.000 millones.

Ahora, el Parlamento y los Estados no cambian la filosofía, pero suavizan la aplicación. "Dentro de la postura, que sigue siendo mala, se han dado pasos de flexibilidad, y por lo que respecta a España y Andalucía al menos se mantiene la diversidad entre sectores", resume Antonio Caro, coordinador de los servicios técnicos de Asaja-Sevilla. El Parlamento europeo permite que en el proceso se pueda mantener una diferencia de rentas de un 20% respecto a la media, por arriba o por debajo. Y el Consejo acordó hace unos días que aquel agricultor que esté un 90% por debajo de la media de su Estado o región recibirá en 2019 un tercio de la diferencia entre su renta y ese 90%. La novedad es que la transferencia de ayudas se puede hacer -si así lo decide el Estado- entre agricultores de la propia región y no a nivel estatal. Esta opción abre la puerta a que Andalucía conserve su peso (30% de las subvenciones en España). Los servicios técnicos de COAG señalan que lo ideal sería que, además, se tuvieran en cuenta factores agronómicos: es decir, que la transferencia se produjera entre agricultores de secano o de regadío, pero no entre diferentes sistemas de producción. Lo que está claro es que la clave, como se preveía, va a estar en la negociación interna. Es en esta segunda parte del partido donde Andalucía se la juega de verdad.

La otra cuestión clave es el greening (30% de ayudas vinculadas a prácticas verdes). Tal y como estaba planteado, obligaba a muchos agricultores a realizar gastos suplementarios para que una parte de la explotación sea reserva natural, mantener los pastos en buen estado y rotar cultivos anualmente. Para el olivar, por ejemplo, el planteamiento era dañino, porque es difícil o casi imposible de sustituir por otro cultivo. Al final el Consejo ha concedido que el 71% de los olivares españoles tendrán derecho al greening per se. Son las explotaciones con menos de 250 árboles por hectárea y que se considera que contribuyen a la conservación ambiental por ser un factor contra la erosión.

El Consejo también acordó limitar el número de hectáreas elegibles. Al partir las ayudas de cero -desaparecen los derechos históricos- cualquier explotación, con unos mínimos requisitos, puede acceder a la PAC. A fecha de 2011, en España había 22,4 millones de hectáreas con derechos adquiridos (actual PAC). La nueva ampliaría este número a, potencialmente, 38 millones. Para acotar el pernicioso efecto que tendría para muchos agricultores, se permitirá a España limitar el número de hectáreas a esos 22,4 millones de 2011.

Para el país también es relativamente positivo que la supresión de las cuotas del azúcar se alargue a 2017 en el caso del Consejo y a 2020 en el de la Eurocámara. O que se prorroguen los derechos de plantación del vino hasta 2018 y a partir de ahí se aplique un sistema de autorizaciones administrativas muy limitado para las nuevas explotaciones. En desarrollo rural, el Consejo propone que el Estado pueda aplicar un programa nacional que se sume a los regionales y, en principio, el regadío sólo necesitará el 10% de ahorro de agua, y no el 25%, para obtener financiación de los fondos de Feader.

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