La sanidad privada pide que hacerse un seguro desgrave en el IRPF

  • Empresas del sector salud creen que la deducción es aplicable en el tramo autonómico y quitaría presión del sistema público

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La propuesta es simple, tiene precedentes y se viene moviendo desde hace algún tiempo: que hacerse un seguro privado de salud desgrave en el IRPF. Dado que modificar una norma básica fiscal es un asunto en principio complicado, la decisión es trasladable parcialmente a los gobiernos regionales: en el caso andaluz, que la Junta aplique esa desgravación en el tramo autonómico del impuesto. El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), asociación que agrupa a grandes aseguradoras y empresas de servicios sanitarios con el respaldo de algunos de los mayores laboratorios farmacéuticos y compañías tecnológicas que operan en España, presentó ayer ésta y otras demandas en clave andaluza en el Colegio de Médicos de Sevilla. Toda una declaración de intenciones para que la penetración de la sanidad privada crezca.

Las razones de este planteamiento las expusieron Fernando Mugarza, director de Desarrollo Corporativo del IDIS, y Manuel Rodríguez, vocal del Instituto y director del Hospital Nisa Sevilla-Aljarafe. Desde su perspectiva, la sanidad privada no compite con la pública, sino que ambas forman parte de un único sistema, la sanidad española, que tiene dos ramas de prestación de servicios: la pública y la privada.

Mugarza, que presentó junto a Rodríguez los datos clave de un barómetro de opinión del sector (los usuarios le dan notable a la sanidad privada) rechazó que la aplicación de desgravaciones en el IRPF por este concepto suponga descapitalizar a la sanidad pública debido a la merma de recaudación que ello supondría. Por el contrario, el ahorro generado por la incorporación de nuevos usuarios al seguro privado "liberaría" recursos del sistema público y aliviaría su presión asistencial. Además, esta medida (que ya aplica Baleares para familias numerosas, pensionistas y discapacitados) no sería la única a plantear -el IDIS ya ha solicitado abrir contactos con la Consejería de Salud- e iría acompañada de otras: estimular que los funcionarios autonómicos se incorporen en mayor medida a la cultura de las mutuas tipo Muface y establecer nuevas fórmulas de colaboración público-privada, como las concesiones administrativas, para que empresas privadas gestionen la sanidad pública. Aquí el IDIS lo va a tener también difícil en Andalucía mientras no se dé un vuelco político en la Junta: la frontera está marcada en la figura del consorcio (financiación, control y figura jurídica públicos de un dispositivo privado que atiende a población protegida por el SAS), cuyo único caso es el Hospital de Bormujos, en Sevilla.

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