La ley del silencio se impone en la recta final de la investigación judicial de los ERE. La juez Mercedes Alaya fijó la semana 25 nuevas declaraciones de imputados para estos días, pero una vez transcurrido el ecuador de la semana, son ya 11 de esas 25 personas las que se han acogido a su derecho constitucional a no declarar. Ninguno de los citados que ha comparecido ante la instructora ha declarado y se espera que, salvo alguna excepción destacada, ocurra lo mismo con el resto de comparecientes.

De hecho, desde que la juez dictó el 28 de junio de 2013 el auto en el que imputó a la ex consejera de Economía y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez y a otros 19 ex altos cargos, se cuentan con los dedos de una mano los ex directivos de la Junta que sí han declarado ante la instructora.

Junto a la propia Magdalena Álvarez, que declaró en dos ocasiones después de que la Audiencia de Sevilla anulara por falta de motivación su imputación, sólo han declarado el ex interventor general de la Junta entre los años 2000 y 2010, Manuel Gómez Martínez; el secretario general de Hacienda entre 2000 y 2004 Antonio Estepa Giménez; y la secretaria general de Empleo de 2008 a 2012 Lourdes Medina Varo.

El resto de los ex altos cargos se han negado a declarar, como ocurrió, entre otros, con el viceconsejero de Empleo Justo Mañas, el ex viceconsejero de Hacienda José Salgueiro Carmona, o los ex directores generales de Presupuestos Antonio Vicente Lozano y Buenaventura Aguilera. Estos dos últimos también fueron citados en dos ocasiones por Alaya, al haber anulado igualmente la Audiencia su imputación, y ambos se acogieron a su derecho a no declarar. En la primera ocasión se produjo incluso un incidente con la juez, que acusó a Lozano de "hacer teatro", lo que motivó la protesta de su abogado defensor.

Las defensas de los imputados consideran que guardar silencio en este momento es la mejor estrategia para estos imputados, sobre todo si se tienen en cuenta la perseverancia y vehemencia de Alaya en los interrogatorios.

Algunos de los imputados han intentado igualmente acelerar el envío de la causa al Tribunal Supremo y han llegado a recordarle a Alaya que no iban a declarar porque entendían que ya no es competente para instruir el procedimiento, como sostiene la Fiscalía Anticorrupción dada la presencia de aforados en la investigación.

El ex presidente de El Monte José María Bueno Lidón fue ayer el último imputado que se acogió a su derecho constitucional a no declarar, al igual que hizo la que fuera secretaria de Telecomunicaciones Ana María Peña Solís, mientras que otros dos imputados en el caso de los ERE que estaban citados ayer no comparecieron: uno porque estaba enfermo y el otro porque estaba fuera de Sevilla, según confirmaron fuentes del caso.

En el auto que Alaya imputó a los vocales del consejo rector de IDEA, la juez puso de manifiesto que Bueno Lidón asistió a 26 de las 32 sesiones del consejo rector analizadas, en las que se dio cuenta, mediante una concreta información, de la firma de 60 convenios suscritos entre el IFA/IDEA y la dirección general de Trabajo y Seguridad Social para el pago de las subvenciones comprometidas por la Consejería de Empleo a través de las transferencias de financiación. Según la instructora, Bueno Lidón no opuso ningún reparo "a ninguno de dichos convenios ejerciendo su labor de control". Además, ejerció su derecho de voto en 17 ocasiones y votó a favor de la ratificación o autorización de 42 convenios con la dirección general de Trabajo, de los cuales 39 (15 sesiones) fue por votación directa y en otras cinco (dos sesiones) por delegación.

De la misma forma, Alaya considera que "existe constancia de que tomó conocimiento del déficit presupuestario producido en la Consejería de Empleo en la sesión de 11 de junio de 2007, por importe de 58 millones de euros y pese a ello votaría posteriormente en distintas sesiones a favor de 11 convenios entre la Dirección General de Trabajo e IDEA".

La juez Mercedes Alaya atribuye a Bueno Lidón, como al resto de los vocales del consejo rector ahora imputados, delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial por los convenios de ayudas que aprobó durante su etapa como miembro de este órgano director de la agencia.

Al término de estas comparecencias, ni la Fiscalía Anticorrupción ni la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía pidieron ninguna fianza para estos nuevos imputados, mientras que el PP lo dejó a criterio de la magistrada.

Los otros dos imputados que estaban citados ayer y que no comparecieron en el juzgado son Rafael Herrera Gil, que fue secretario general de Empleo entre 2003 y 2004, y Juan Carlos Soriano Hernández, viceconsejero de Relaciones Institucionales. El primero no acudió porque estaba enfermo y pidió la suspensión de la declaración, mientras que el segundo alegó que se encontraba de viaje fuera de Sevilla.