La aparente bonanza que reina en las relaciones entre Junta y centrales sindicales está a punto de romper en tormenta en la Función Pública. CSIF, CCOO y UGT están dispuestos a "llegar a la huelga" si no se atiende su exigencia de comenzar "inmediatamente" la negociación de la oferta de empleo público en la comunidad. Los tres sindicatos se mostraron ayer contundentes: la propuesta de la Junta es "excesivamente corta y ridícula". Y anunciaron la constitución de una plataforma "reivindicativa y consensuada" para defender el empleo público ante la grave situación del sector.

Además, hay prisa. Los sindicatos no admiten más demora y emplazan a la Consejería de Justicia y Administración Pública a iniciar "inmediatamente" la negociación. De no ser así, "se llegará a tomar otro tipo de medidas e incluso llegar a la huelga".

La advertencia tiene nombres y apellidos. La hicieron Felipe Falcó (CCOO), Antonio Tirado (UGT) y Rafael Hurtado de Mendoza (CSIF). A ninguna de sus formaciones les convence la propuesta de la Administración, consistente en 270 plazas, ya que de las 540 ofertadas, "cerca del 50% se reservan para promoción interna". La plataforma exige además que en la negociación se priorice en sectores donde "no se debe escatimar", como sanidad, educación, servicios sociales y Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

"Lo único que queda para los que no tienen nada es lo público", subrayó Falcó, y por eso la Administración "debe realizar un esfuerzo para ayudar a los que más lo necesitan para dar más servicios y con mejor calidad". Los sindicatos censuran a la Junta porque, frente a su propuesta, creó los planes de horas extraordinarios, como el de las 500 personas que realizan en Justicia ese tipo de servicio "mientras al mismo tiempo se suprimieron cien empleos en ese sector".

Los tres sindicatos consideran que el Ejecutivo autonómico ha obviado el acuerdo a nivel nacional, de manera que sus propuestas se sitúan "muy por debajo" respecto del alcanzado con el Gobierno central. "Se ha pretendido hurtar a los empleados públicos andaluces aspectos tan importantes como la constitución de un observatorio del empleo público o la creación de un plan de pensiones, algo de lo que disponen desde hace años el resto de los empleados públicos de la administraciones no transferidas a Andalucía".

La Junta lamentó la valoración de las centrales y aseguró que "viene manteniendo una ágil y permanente línea de negociación". Además, defendió que su propuesta es "razonable y equilibrada, que no haremos pública por respeto a la lealtad en la negociación que tanto nos importa mantener".