Los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los otros 20 ex altos cargos que se sientan en el banquillo del juicio de los ERE han sido eximidos por el tribunal que los juzga de lo que las defensas han calificado como la “carga procesal” de tener que asistir a las sesiones que se celebren durante los próximos meses, en las que se practicarán las declaraciones de 150 testigos y 12 peritos, aunque tendrán que volver obligatoriamente a la vista oral para el trámite de conclusiones provisionales, es decir, el momento en el que la Fiscalía, las acusaciones populares y las propias defensas eleven a definitiva o modifiquen sus conclusiones provisionales.

La decisión del tribunal ha sido comunicada por el presidente la Sala, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, después de las defensas de los 22 ex altos cargos solicitaran que se les eximiera de asistir a las sesiones, una medida que ha contado con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación popular que ejerce el sindicato Manos Limpias, que ha tildado la medida de “justa y atendible”, mientras que la acusación del PP se ha opuesto salvo a las inasistencias puntuales por motivos de asistencia médica.

El magistrado Juan Antonio Calle Peña ha explicado que la asistencia o inasistencia de los acusados en las macrocausas que duran tantos meses es un problema no resuelto porque la ley de Enjuiciamiento Criminal no regula lo que hacer en este tipo de macroprocesos, y debe “ponderarse” el derecho de defensa y las garantías de los acusados a presenciar las pruebas en el acto del juicio con las alegaciones de las defensas, que han esgrimidos motivos profesionales y de asistencia para solicitar este permiso.

Tras escuchar a todas las partes, el tribunal ha señalado que aunque no hay una regulación que permita ausentarse a los acusados de las sesiones sí existen unos “precedentes” por lo que, partiendo de que la asistencia a la vista oral es “un derecho de los acusados que afecta a su derecho de defensa, considera que se puede renunciar al mismo”, y aunque ha señalado que esta Sala “no va a fomentar” la inasistencia, “sí lo autoriza” porque es consciente de que la asistencia es un derecho que debe “compatibilizarse con los perjuicios” que esgrimen los abogados de los ex altos cargos.

Calle Peña ha recordado, no obstante, a los acusados que no necesitan autorización para acudir a aquellas sesiones en las que estén interesados en hacerlo, y también les ha dicho que deben reincorporarse a las sesiones en el trámite de elevación de las conclusiones de las partes y en los informes.

De esta forma, el tribunal entiende que los acusados deben estar en esta última fase del juicio, para “garantizar su derecho de defensa” y así poder “oír las eventuales modificaciones en las conclusiones provisionales y los informes para poder ejercer su derecho a la última palabra” con todas las garantías, señalando igualmente que la falta de asistencia puede ser sustituida “afortunadamente” por las grabaciones audiovisuales que se están haciendo del juicio.

El presidente del tribunal sí ha pedido a cada uno de los acusados que se aproximaran al micrófono para que hicieran constar expresamente su renuncia al derecho de asistencia. Dos de los acusados, el ex presidente Manuel Chaves y el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez han agradecido la decisión al tribunal e incluso Chaves ha dicho que “quedaba a disposición” de la Sala.

El abogado defensor de Chaves, Manuel Jiménez de Parga, ha sido el primero en intervenir para pedir al tribunal que eximiera a los acusados de asistir a las sesiones tras haber comparecido durante los último cuatro meses al juicio, por lo que ha solicitado que se les exonere de esta “carga procesal” porque según ha señalado se cuenta además con las grabaciones que son accesibles a las 24 horas de celebrarse la sesión, con lo que a su juicio quedaría “preservado su derecho fundamental” a la defensa de los procesados.

El letrado ha añadido que en el caso de Chaves, “la inmensa mayoría de los testigos no tienen nada que ver con los hechos que se le imputan” al ex presidente, y ha señalado que hay antecedentes en otras macrocausas donde los acusados han sido eximidos de comparecer en esta fase de práctica de las pruebas testificales y periciales.

Jiménez de Parga se ha anticipado a la oposición del PP al afirmar que esa negativa solo obedece “a razones extraprocesales que no deberían ser atendidas”, un argumento al que se ha sumado el abogado de José Antonio Griñán y Antonio Vicente Lozano, José María Mohedano, quien ha añadido que no hay ninguna ley que impida eximir de la asistencia a los acusados y con ello además se les evita una “penalidad innecesaria y desporporcionada”, dado que muchos residen o trabajan fuera de Sevilla.

El abogado José Manuel García-Quílez ha recordado que en dos recientes macrocausas celebradas en Sevilla, la de la venta de los suelos de Mercasevilla y la del caso Betis ya se permitió que los acusados no asistieran durante la práctica de las pruebas, mientras que Juan Carlos Alférez, que representa al ex director de IDEA Jacinto Cañete ha recordado que su cliente es autónomo, trabaja como consultor privado y el tiempo que acude al juicio no puede desarrollar sus cometidos profesionales.

El abogado que defiende al ex consejero de Empleo José Antonio Viera, José Manuel Herrera, también se ha referido a la “carga añadida” que acarrea unos perjuicios a los acusados por al asistencia a este macrojuicio.