Más transferencias fijas y menos convocatorias y subvenciones. La Junta de Andalucía plantea para el próximo año un nuevo acuerdo de financiación para las universidades públicas andaluzas que otorgue una mayor "certeza y seguridad" a las instituciones académicas y que sus recursos no dependan de las subvenciones. Con este nuevo sistema, el Ejecutivo andaluz quiere paliar los retrasos en los pagos que han provocado estos años los complejos trámites burocráticos y que, según el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, han acabado colapsando el sistema.

El nuevo acuerdo plantea para el próximo año una transferencia de 30 millones de euros para la contratación de investigadores, tanto de técnicos como de becarios. Hasta ahora, las partidas presupuestarias para investigación se repartían entre las universidades a través de convocatorias competitivas. Con el nuevo planteamiento, habrá una partida fija de 40 millones que se repartirán entre las nueve universidades públicas andaluzas, 30 millones para la contratación de personal y otros 10 millones para ayudas a los grupos de investigación.

Aún no está decidido cómo se va a repartir los fondos, pero el consejero advierte que primarán los méritos académicos y científicos. "Si una universidad tiene mejores investigadores que otra, la primera se llevará más recursos", subraya Ramírez de Arellano.

Además de esta transferencia, las universidades podrán optar a las convocatorias del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (Paidi 2020), que se presentó en marzo en el Palacio de San Telmo. Este plan incluye, entre otras cuestiones, convocatorias por valor de otros 30 millones de euros para fomentar el papel de los jóvenes investigadores.

El modelo de financiación actual se aprobó en 2007 por un período de cinco años. Este sistema de reparto de los fondos públicos se ha prorrogado durante cinco años más como consecuencia de la crisis y a pesar de que la situación de las universidades ya no era la misma que hace diez años. El objetivo, según la Junta, era "asegurar los fondos públicos comprometidos y paliar la merma de recursos públicos y privados".

En los últimos meses, los rectores de las universidades públicas andaluzas han reclamado en reiteradas ocasiones un sistema más "equitativo" y "realista". La Pablo de Olavide (UPO) ha sido una de las instituciones académicas más críticas. Su rector, Vicente Guzmán, ha asegurado en numerosas ocasiones que este modelo ha perjudicado a la universidad que dirige. Para Guzmán, el modelo vigente "no ha garantizado ni garantizará, conforme a sus criterios generales de reparto, la suficiente financiación para la UPO, sobre todo teniendo en cuenta que su necesidad de crecimiento y consolidación era y es mayor que la de aquellas universidades ya consolidadas".

El consejero asegura que "la idea" es que el nuevo acuerdo "esté listo antes de final de año". "El modelo vigente no ha sido malo. Ha habido dificultades y desajustes, como la distribución entre las universidades, que hay que analizar, pero ha sido suficiente. El capítulo correspondiente a los gastos generales y al personal estaban cubiertos", dice Ramírez de Arellano. "Sí es cierto que tenemos que dar certidumbre y que el nuevo modelo debe permitir a las universidades saber cuánto van a recibir, no depender de las subvenciones y reducir las trabas burocráticas para que no estemos todos aplastados por una montaña de papeles".

Hasta ahora, el sistema incluía una financiación operativa, para cubrir los gastos generales y de personal, y otra para planes de apoyo. Ambas se realizaban a través de transferencias, es decir, las instituciones conocían con certeza la cantidad que iban a recibir. También había un conjunto de partidas que se repartían a través de convocatorias competitivas, como las inversiones en investigación e infraestructuras.

El nuevo sistema plantea una financiación operativa, planes de apoyo y excelencia, una financiación básica de infraestructuras y otra de investigación. Todas ellas se realizarán a través de transferencias. Según el presupuesto de 2017, la parte operativa ascenderá a 1.167 millones de euros, casi 20 millones más que el año anterior. Para infraestructuras habrá 40 millones, de los cuales, una parte se destinará a compromisos pasados que están en ejecución, y otros 40 millones para investigación. Los planes de apoyo y excelencia suben también y pasan de 36 millones a 47 millones de euros.

"Aunque el presupuesto general sólo sube un 1,6% con respecto a 2016, los detalles importantes como la investigación y los planes de excelencia se han incrementado en un 9% y en un 30%", anota Arellano. "Aumentando las transferencias y reduciendo las convocatorias, las universidades ganan en certeza y se agilizan los trámites burocráticos. Para mí, esas son las claves fundamentales".