Las universidades públicas andaluzas reclaman a la Junta de Andalucía una deuda de más de 333 millones de euros. El endeudamiento del Ejecutivo andaluz con estas universidades llegó a alcanzar en el verano de 2013 su punto álgido: 932 millones de euros. Un año más tarde, el pasivo era de 630 millones, cifra que el Gobierno andaluz ha conseguido reducir casi a la mitad en dos años. Sin embargo, esta situación continúa siendo un lastre para las instituciones académicas, que, además, reclaman un nuevo modelo de financiación que acabe con su "asfixia" económica.

Según los datos facilitados por las diez universidades públicas andaluzas, la Junta les adeuda unos 333,5 millones de euros. Esta cifra difiere con la proclamada estos días por el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, en varios actos de inauguración del curso académico. Éste habla de 220 millones, más de 110 millones menos de lo que indican las universidades. Este periódico intentó sin éxito conocer la cifra oficial a través de la Consejería, pero fuentes de la misma señalaron que esta información debían ofrecerlas las propias universidades.

La más perjudicada es la de Málaga (UMA), a la que se le deben 130 millones de euros, según la propia institución académica. Se trata casi del 40% de la deuda total. Le sigue la Universidad de Cádiz (UCA), que habla de un compromiso de unos 45 millones de euros, mientras que la Universidad de Jaén (UJA) reclama 38,8 millones.

La más beneficiada por los planes de pago de la Administración andaluza de los últimos dos años ha sido la Universidad de Granada (UGR), a la que se le adeudan actualmente 25 millones de euros, según anunció recientemente su rectora, Pilar Aranda. Esta institución cerró 2014 con 243 millones de euros sin cobrar, de los cuales 170 millones correspondían a la Junta de Andalucía, que tenía cantidades pendientes que se remontaban, incluso, hasta 1996.

La Universidad de Sevilla (US) también ha conseguido cobrar buena parte del dinero comprometido. La deuda del Ejecutivo andaluz con la Hispalense asciende exactamente a 26.339.663 euros, según confirma la institución. Lejos quedaron ya los 190 millones que la Junta llegó a deber a esta Universidad en el verano de 2013, lo que provocó una situación de asfixia y retrasos en los pagos a los proveedores, a los que llegó a deber la Hispalense hasta 74 millones de euros. En esta época, el rector era el actual consejero Antonio Ramírez de Arellano.

Córdoba y Almería reclaman uno 20 millones, y cerca de nueve millones Huelva y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), especializada en posgrados. La Junta "no tiene deuda reconocida" con la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla, aunque sí "tiene pendiente recibir compromisos de gasto referidos a investigación de años anteriores por un importe superior a 7 millones de euros", según datos de la gerencia de esta institución.

En mayo, el Gobierno andaluz anunció un plan de tesorería para 2016. Éste permitirá a las instituciones académicas saldar su deuda con los proveedores correspondiente al ejercicio de 2015, calculada en 157 millones de euros. Además, se realizará un pago con el fin de que las universidades amorticen la deuda viva con las entidades financieras, por valor de 14 millones a fecha de 31 de diciembre de 2015.

Una vez materializados estos pagos y ejecutado todo el plan, según aseguran desde la Consejería de Economía y Conocimiento, la deuda con el sistema universitario a 31 de diciembre de 2015 será de 226 millones de euros.

Este acuerdo de tesorería establece, además, "un programa para garantizar la estabilidad financiera de las universidades conforme al modelo de la financiación vigente", afirman desde la Consejería. El plan fija doce pagos mensuales por valor de 97 millones de euros, a los que se suman dos extraordinarios de 18 millones durante 2016.

El actual modelo de financiación de las universidades públicas se aprobó en 2007 por un periodo de cuatro años. La Junta lo prorrogó en 2011 y 2014 con la excusa de "asegurar los fondos públicos comprometidos y paliar la merma de recursos propios y privados como consecuencia de la crisis económica". El plan volvió a prolongarse en 2016 con la promesa de la aprobación de un nuevo modelo en 2017.

Durante la inauguración del curso académico que acaba de comenzar, los rectores llegaron a su límite y criticaron el sistema vigente, reclamando uno más "equitativo" y "realista". Arellano asegura que éste estará desarrollado antes de fin de año, pero poco más concreta, salvo que permitirá a las universidades seguir "el camino de la excelencia" y que se basará en la "suficiencia, la certidumbre y la flexibilidad".

Para Juan Hernández Armenteros, experto en financiación universitaria y asesor asiduo de la Conferencia de Rectores de las Universidades de España (CRUE), la base del modelo actual, original de 2002, no es mala, el problema es que ya no se ajusta a la realidad ni a las dimensiones de las universidades. "La Junta ha hecho un gran esfuerzo nominal, pero la crisis ha frenado el crecimiento de las universidades, aunque no se ha producido una caída del sistema universitario andaluz, como sí ha pasado en Castilla La Mancha, por ejemplo", explica. "La falta de dinero, los retrasos en los pagos y las continuas prórrogas del modelo de financiación han llevado hacia una falta de transparencia", anota Hernández, que añade: "Hemos vuelto al modo tradicional. Ir de uno en uno a la Consejería en busca de dinero". Esto provoca "una falta de certidumbre, suficiencia y equidad".

El presupuesto aprobado para las universidades públicas andaluzas en 2016 es de unos 1.192 millones de euros. Esto incluye la denominada financiación operativa o básica, que debe garantizar la retribución del personal y los gastos de funcionamiento; los planes de apoyo, y la partida de insuficiencia financiera, que reciben las universidades de Córdoba, Huelva y Pablo de Olavide para compensar el desequilibrio existente.

La Hispalense es la que recibe la mayor financiación de las diez universidades públicas andaluzas. La partida operativa de la Universidad de Sevilla asciende a 291.870.371 euros, un millón de euros más que en 2015 y unos 3,5 millones más que en 2014. A esto hay que sumar la partida de planes de apoyo. En total son 296 millones de euros. Sin embargo, si se tiene en cuenta el número de alumnos, la Hispalense es la universidad andaluza que menos dinero recibe, unos 4.000 euros por estudiante frente a los 6.155 euros que recibe la Universidad de Cádiz, que cuenta con cuatro campus en distintos municipios, o los 6.051 de la de Córdoba.

La Universidad de Sevilla no recibe desde 2013 ninguna financiación por parte de la Junta para investigación o infraestructuras. Ese año, la Hispalense recibió casi 12,4 millones para el fomento de la investigación, más de dos millones menos que en 2012. En el caso de las infraestructuras, la última transferencia fue también en 2013, concretamente 5.876.354, diez millones menos que el año anterior. Ni en 2014, 2015 ni 2016, la institución que dirige Miguel Ángel Castro, ha recibido dinero de la Junta para estos fines, asegura la institución.

La Universidad Pablo de Olavide también está a la cola en fondos públicos. La financiación operativa para el ejercicio de 2016 asciende a 50.385.943 euros, a lo que hay que añadir la partida de insuficiencia financiera de 4.500.000 millones. En total, la UPO recibe unos 4.732 euros por alumno.

Vicente Guzmán, rector de la Olavide, fue especialmente crítico con el sistema de financiación durante su discurso inaugural. Para Guzmán, el modelo vigente "no ha garantizado ni garantizará, conforme a sus criterios generales de reparto, la suficiente financiación para la UPO, sobre todo teniendo en cuenta que su necesidad de crecimiento y consolidación era y es mayor que la de aquellas universidades ya consolidadas". Y añadió: "Si no se remedia esta situación, en los próximos cursos académicos afrontaremos graves consecuencias que terminarán repercutiendo en la calidad y cantidad del servicio público que prestamos".

Otras universidades ,como las de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla, reclaman vincular la financiación a los méritos científicos. La rectora de Granada, Pilar Aranda, va más allá, y pide que se premie con más recursos a las instituciones que hagan un esfuerzo mayor y tengan mejores datos.

El experto Juan Hernández admite que en Andalucía existe un "desajuste" entre las universidades en el campo de la investigación. "Se contempla para todos la misma capacidad y se financia a todos por igual", anota Hernández, que apuesta por utilizar indicativos más objetivos a la hora de distribuir el dinero, como los logros y los resultados obtenidos o el rendimiento académico.

Unos 500 millones menos de financiación que la media nacional

La Universidad de Huelva denuncia que las universidades andaluzas padecen un desfase de 500 millones de euros en su financiación con respecto a la media nacional en la enseñanza superior. Según su rector, Francisco Ruiz, la media nacional de inversión se sitúa en el 1,3% del Producto Interior Bruto (PIB), mientras que en Andalucía es del 0,96%, un dato bastante inferior al 2% que establece la Unión Europea para 2020. Según el experto Juan Hernández, en 1994, durante el desarrollo del primer modelo de financiación de universidades públicas españolas, se planteó destinar el 1,5% del PIB para asegurar el sistema. Hoy, España está en el 1,3%, por debajo de la media europea, situada en el 1,6%, y  lejos de países como EEUU, que invierte un 2,25% del PIB.

Un presupuesto de 1.730 millones

El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, presentó recientemente en el Parlamento el presupuesto de su departamento para 2016, que contará con 1.730 millones de euros "para impulsar el desarrollo económico y la educación superior en las diez universidades públicas andaluzas". Desde la Junta confirman que las instituciones académicas recibirán un 4,2% más, con un crecimiento del 6,3% para gastos de funcionamiento y del 40% para convocatorias de investigación.