¿Cuál es el verdadero tamaño de la Junta?

  • La Administración paralela le cuesta al ciudadano al menos 2.500 millones de euros al año · Los inventarios de entes del Ministerio y la Consejería no coinciden

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Adelgazar, adelgazar, adelgazar. El verbo más pronunciado en Bruselas es el más temido en Andalucía. Porque el sujeto de la frase es la Junta, atrapada en un discurso imposible que dice que gastar menos con el mismo bastidor es perfectamente viable. El Gobierno español, fiel recadero del alemán, impuso un plan de austeridad a todas las comunidades autónomas: antes del 1 de enero de 2013, los deberes deben estar hechos. El pulpo andaluz es imponente: 380 entes que deberán convertirse en 269, según el inventario del Ministerio de Hacienda. Y ahí comienzan los problemas.

Porque esa lista incluye, por ejemplo, a las universidades. Porque los cálculos de la Junta e incluso de los sindicatos difieren. Porque los Presupuestos, que son la verdadera brújula de control, sólo incorporan a los destinatarios de transferencias de financiación (18 agencias públicas empresariales, nueve sociedades mercantiles, diez consorcios y una fundación).

La Junta se movió rápido: el 17 de febrero de 2011 aprobaba la ley de reordenación del sector público de Andalucía, a la que seguirían un puñado de decretos y resoluciones. Se creaba la Agencia del Conocimiento, que absorbía a tres entidades; la de Servicios Sociales y Dependencia, que se zampaba dos fundaciones; Amaya, que fusionaba Egmasa y la Agencia del Agua; la Agencia de Obra Pública, que asumía el hueco de Ferrocarriles de la Junta y Gestión de Infraestructuras de Andalucía. Extinciones puras y duras, sin recolocaciones o digestiones, había pocas: apenas tres sociedades mercantiles.

Presionado por IU, los sindicatos y su propio pasado, el Ejecutivo andaluz es muy reacio a asumir recortes de personal, así que de momento insiste más en la nomenclatura. Buenos ejemplos son el de la Faffe, con alrededor de 1.200 trabajadores integrados ahora en el SAE; el de la antigua Egmasa, donde parte de sus casi 5.000 efectivos pertenecen hoy a la Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua; o el de las más de 70 oficinas comarcales agrarias engullidas por las delegaciones provinciales de Agricultura. La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha esbozado ya el próximo movimiento: borrará del mapa 95 consorcios, las denominadas unidades territoriales de empleo y desarrollo local y tecnológico, abriendo así una oscura grieta laboral. UGT-A denuncia que unos 800 trabajadores han sido despedidos en vez de incorporarse al SAE como estaba previsto. El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) rebaja la cifra a 70.

Asumidas las dudas sobre las hechuras del Polifemo, sí es factible, por el contrario, tasarlo económicamente. Los Presupuestos de 2012, los de las 18 agencias, diez consorcios, nueve empresas y una fundación, iluminan casi todo: unas partidas agregadas (globales) de 3.625 millones de euros, un coste para el ciudadano de 2.564 millones (el dinero destinado a la Administración paralela vía transferencias y subvenciones), unos gastos de personal de 877 y un desfase entre beneficios y pérdidas de 8,4, aunque ésta sea una cifra maquillada por las transferencias y otros trucos contables.

El pastel presupuestario está desigualmente repartido. Entre las agencias gana la de Servicios Sociales y Dependencia (1.178,1 millones); seguida del Ente Público Andaluz de Infraestructuras (373,2); la Empresa Pública del Suelo (268,4); la Amaya (257,2); RTVA (219,6); la agencia IDEA (187,9); las agencias públicas empresariales sanitarias de la Costa del Sol (154,9), Almería (134,4) y el Alto Guadalquivir (125,5); la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (98,8); la Agencia de Cooperación Internacional (58,7); la APE sanitaria del Bajo Guadalquivir (53); la Agencia de Puertos (51,4); las de Instituciones Culturales (39,5); Obra Pública (19,3); Energía (10,9); y Conocimiento (9,7).

La Fundación para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem) presupuestó 42,1 millones en 2012; mientras que los consorcios sumaron 120,4 y las sociedades mercantiles (Extenda, Inturjoven, Cartuja 93, Promonevada, Sogefinpa, Cetursa, la Empresa Pública de Gestión de Activos, la de Turismo y Deporte y la Escuela de Salud Pública) concentraron 209,2.

Pero la clave está en otros números, los de las plantillas. La Junta es la gran empleadora de la región, con casi 260.000 efectivos entre funcionarios y laborales. Aunque de nuevo las cifras bailen en función de a quién se pregunte, el departamento de Aguayo recuenta 22.485 funcionarios y 23.289 contratados adscritos a la Administración General de la Junta. Sanidad y Educación suponen 200.000 profesionales más, y la cuenta definitiva se redondearía con los de Justicia. En los Presupuestos de 2012, los gastos de personal ascendían a 9.853 millones, un 0,9% más que en 2011, lejos del espíritu de contención proclamado por los guardianes de la Eurozona. Ilustra mejor el peso de la cifra su valor relativo: la Junta se gasta en su ejército de trabajadores casi un tercio de sus recursos anuales.

¿Es posible ir más allá, descender al detalle, saber a ciencia cierta cuál es la cuña de la tarta laboral que se queda la Administración paralela? En realidad, todavía no, al menos si la idea es ceñirse al presente. El desbarajuste es tal que la propia Junta acordó el pasado 24 de julio reclamar información relativa a los "puestos de trabajo, tipos de contratación, estructura retributiva y medidas de ajuste en materia de gasto de personal". Aunque daba tres meses de plazo a agencias, consorcios, fundaciones y empresas para concretar, aún no hay novedades al respecto. Aquello fue una confesión implícita de incompetencia -el titán que no controla a sus huestes-, pero existen otras vías de investigación.

La más útil es el Registro Mercantil Central, que combina los últimos datos disponibles de un puñado de agencias y empresas. La antigua Egmasa contaba con 4.971 empleados (personal laboral) a cierre de 2010; Canal Sur Radio y Canal Sur TV agrupaban a 1.7.27 en 2011; la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol a 1.662 (2010); la Agencia Pública del Suelo a 753 (2010); Inturjoven a 393 (2010); Cetursa Sierra Nevada a 353 (2011); la Agencia Pública de Obra Pública a 129 (2010); la Escuela Andaluza de Salud Pública a 120 (2010); y la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones a 84 (2011).

Las dimensiones del conflicto son monstruosas. La Junta tendrá que: A. Aclarar por qué no supo controlar el crecimiento de su brazo paralelo una vez se oficialicen los datos de su tamaño real, B. Justificar el mantenimiento del empleo (IU presionará en esa dirección) pese al imperio del déficit bajo control, y C. Asumir lo que decida el Tribunal Supremo sobre la supuesta ilegalidad de los protocolos de integración del personal laboral, donde no se han respetado, según el TSJA, los principios de publicidad, capacidad, igualdad y mérito en el acceso a las plazas provisionadas.

El callejón no tiene salida. Francisco Iglesias, secretario de Acción Sindical del CSIF, advierte que "la Junta no puede conservar el entramado actual. Hay que elegir más selectivamente al personal laboral. Hay que eliminar duplicidades. No se trata de recortar puestos de trabajo sino de reasignar funciones. Salud, educación y dependencia son intocables y hasta mejorables, pero actualmente no hay carga de trabajo y hay trabajadores que asumen funciones que no les corresponden", sintetiza. José Manuel Mateo, secretario general del SAF, va más allá: "Nuestro objetivo es derribar la Administración paralela porque le quita competencias y trabajo a los funcionarios. Es verdad que hay ciertos servicios que pueden derivarse porque la Junta no los tiene previstos en las relaciones de puestos de trabajo, pero la mayoría están duplicados y triplicados. Habría que estudiar cuáles son esos servicios imprescindibles a los que no alcanza el funcionario y entonces ofrecérselos a una agencia mejor administrativa que privada". Mateo considera que la Junta tendrá que tragarse el sapo del personal laboral si el TS falla en su contra. "Ganan hasta tres veces más que un funcionario y muchos son ex altos cargos del PSOE. A ver qué hace con esos 30.000 contratos".

Presuntamente antes de noviembre, la Junta quitará el precinto a la cuna y enseñará al mundo su criatura: peso y altura, dieta, constantes vitales. Lo que suceda después es un misterio.

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