Nunca se iniciaron menos viviendas protegidas en Andalucía como lo ocurrido en 2007, cuando sólo se visaron por los colegios de arquitectos de la comunidad los proyectos de ejecución de 6.264 VPO, un 45% menos que en 2006. Los últimos datos publicados por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España certifican un brusco descenso en el sector de la construcción en la comunidad, un 56,96% menos de proyectos presentados en el periodo de un año, hasta alcanzar los 83.273 entre viviendas libres y protegidas.

El visado es una de las herramientas más útiles para tomar el pulso a la construcción, ya que, por ley, es un trámite obligatorio para poder desarrollar cualquier proyecto. Este proceso es el control de los trabajos que realizan los propios arquitectos a través de sus colegios. Es obligatorio para cualquier trabajo profesional redactado y suscrito por los arquitectos, salvo aquellos que se redacten como trabajo de un funcionario.

Nuevamente, en 2007 fueron las provincias orientales las que registraron las cifras más altas, especialmente Málaga, con 27.616 viviendas visadas, de las que 1.704 son protegidas. Mucho más corta es la distancia entre las viviendas libres y las VPO en la provincia de Sevilla, 6.641 frente a 2.298.

El mal dato sobre nuevos proyectos de viviendas protegidas supervisados por los arquitectos llega, paradójicamente, en el final de un periodo donde han sido varias la medidas para impulsar la construcción de viviendas protegidas. La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, aprobada en 2002, obliga a los ayuntamientos de áreas metropolitanas y el litoral, junto a los municipios considerados de relevancia territorial, a reservar un 30% de los nuevos suelos de uso residencial para viviendas de protección pública. Esta norma sirvió de base para elaborar el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, desarrollado entre 2003 y 2007 y que la Consejería de Obras Públicas da por superado en todos sus objetivos.

El reto para el periodo de gobierno que ahora comienza es implantar el Pacto Andaluz por la Vivienda y la nueva ley sobre la materia prometida por Manuel Chaves. La idea es llegar construir -con el beneplácito de ayuntamientos, promotores y entidades financieras- hasta 700.000 viviendas en una década, de las que 300.000 deberán ser protegidas. Además, con la nueva norma, el derecho a la vivienda podrá ser recurrido ante los tribunales.

La Consejería de Obras Públicas ha optado por no valorar los datos sobre visados aportado por los Colegios de Arquitectos y recurre precisamente a las conclusiones del último plan de vivienda, con 17.816 calificaciones de VPO en venta o alquiler durante 2007 y un total de 80.569 actuaciones en este concepto durante los cuatro años de vigencia. A esto, según la Consejería, hay que sumar 180.470 rehabilitaciones y 16.896 viviendas con suelo reservado. La calificación de proyectos es un paso paralelo al visado que debe dar el promotor al presentar una iniciativa de viviendas protegidas a la administración.

Los promotores agrupados en Fadeco consideran la cifra facilitada por los arquitectos como "la certificación de una etapa que sólo puede calificarse como una verdadera crisis", según su secretario general, Emilio Corbacho. Fadeco confía en el Plan Andaluz de la Vivienda como la clave que garantice la actividad de un sector "clave para la economía de Andalucía". Sin embargo, sigue sin llegar a cerrarse un acuerdo con la Junta de Andalucía sobre su desarrollo. Uno de los asuntos que deberá abordar el nuevo titular de la cartera de Obras Públicas, con la antigua consejera Concepción Gutiérrez ya como diputada en el Congreso, será cerrar con los promotores el precio de las VPO. Para Corbacho, las actuales pretensiones de la Junta quedan "muy por debajo de los costes reales de una vivienda". El promotor señala que continúa habiendo una gran demanda de hogares protegidos en Andalucía a las que aspiran, sobre todo, los sectores de la sociedad que, a su juicio, más se ven afectados por el parón económico actual.