Víctor Pérez Escolano

Arquitecto

La idea de patrimonio cultural está vinculada al interés público. Todo bien cultural, sea cual sea su titular, debe integrar su disfrute social. La conservación, restauración o rehabilitación de los bienes inmuebles se compadece con esa misión y constituye un atributo contemporáneo de las naciones avanzadas.

A la Junta de Andalucía le corresponde regular y orientar el reconocimiento, puesta en valor y conciliación de los intereses concurrentes en el uso del patrimonio en nuestro territorio. Lo que no es óbice para que tanto la administración central como la local cumplan sus específicos cometidos. Por ejemplo, las intervenciones programadas al amparo de los Planes Nacionaes y la aplicación de los recursos del denominado 1% cultural de las inversiones en obras públicas.

 La concurrencia de la iniciativa privada en la protección y rehabilitación del patrimonio está hoy necesitada de desarrollo legislativo. Es significativo que la ley de mecenazgo estatal se encuentre paralizada, mientras la autonómica mantiene su compromiso para 2013. La alianza entre administraciones e iniciativa privada en la salvaguarda y uso del patrimonio arquitectónico andaluz es esencial en el desenlace de la crisis económica. El apoyo privado a iniciativas públicas, a través del patrocinio, así como la concertación de objetivos en el desarrollo de la acción ciudadana y empresarial mediante el mecenazgo, deberían cobrar una nueva dimensión en los próximos años.

La planificación de objetivos ha de encontrar más y mejores formas de conciliación. Recordemos que en el estricto marco de la gestión pública, en las décadas de democracia, España ha producido estrategias de éxito en programas relativos al patrimonio cultural público. Muy relevante fue el Plan de Rehabilitación de Teatros, ideado por el primer gobierno socialista de España, que estableció acuerdos con Ayuntamientos para intervenir con vistas tanto a la salvaguarda de los edificios como a su puesta en uso generando un espectacular desarrollo de las actividades culturales y sociales. En el territorio andaluz, ese plan actuó en los teatros Falla de Cádiz, Lope de Vega de Sevilla, Cervantes de Málaga, o Gran Teatro de Córdoba, que con la transferencia de competencias alcanzó mucho mayor desarrollo, ampliándose el programa hasta unos cuarenta teatros rehabilitados en las ocho provincias.

Recursos públicos para bienes públicos, que también se deslizaron a otros bienes considerados de "interés social". Por ejemplo, los planes de catedrales que en España, y en Andalucía de manera destacada, han significado intervenciones en edificios patrimoniales de la Iglesia Católica. Hubo voces en contra de la aplicación de tales recursos hacia esos bienes patrimoniales privados. Y ahora se insiste en obtener contraprestaciones, como la obligación de potenciar el acceso de la ciudadanía.

Las antiguas Atarazanas de Sevilla es un monumento extraordinario, "uno de los ejemplos mas brillantes de yuxtaposición de arquitecturas de distintas épocas", en palabras de Guillermo Vázquez Consuegra. Después de que se frustrara el objetivo de ubicar allí el Centro de Arte Contemporáneo a principios de los noventa, al optarse por la antigua Cartuja de Santa María de las Cuevas, en 2009 tuvo lugar un hecho singular con el convenio suscrito entre la Junta de Andalucía y la Fundación la Caixa para el establecimiento de un centro cultural CaixaForum, con el propósito de expandir el modelo ya operativo en Barcelona o Madrid. Iba a ser un ejemplo destacado de inversión privada en la puesta en uso del patrimonio arquitectónico de titularidad pública. La reciente quiebra unilateral del acuerdo ha puesto en evidencia la debilidad de este tipo de alianzas, y hasta que punto nos afectan los procesos derivados de la crisis financiera. Consumada la integración de Cajasol/Banca Cívica en la Caixa, el proyecto ha sido abandonado a fin de minimizar los riesgos inversores acumulados en la ciudad de Sevilla. La decisión de ubicar el CaixaForum en la denominada Torre Pelli (Torre Cajasol, y en el futuro Torre Caixa) aborta una iniciativa ejemplar de participación privada en el patrimonio cultural público, y además se desmarca de la acción patrimonial rehabilitadora y modernizadora de los precedentes de Barcelona (fabrica Casaramona) y Madrid (central eléctrica del Mediodía). Las Atarazanas de Sevilla iban a convertirse en el caso mas relevante en cuanto al valor del inmueble intervenido y a la dinamización de espacios urbanos del mayor rango histórico.

¿Los recursos privados se muestran remisos a contribuir a la puesta en uso del patrimonio público? Inmuebles y espacios de distinta escala y titularidad pública, como la antigua Fábrica de Artillería de Sevilla, de dominio municipal, se ven atrapados entre la crisis económica y la escasa atención a la propuestas que desde la sociedad y los especialistas pueden ofrecerse. Se debería desarrollar una cultura empresarial de mayor aliento que supere el menudeo del patrocinio de actividades o de modestas intervenciones con contrapartidas publicitarias. Debería cundir el ejemplo de instituciones internacionales como la World Monuments Foundation (WMF, creada en 1965) capaz de aglutinar contribuciones privadas aptas para intervenciones de mayor cuantía. Nos debe servir de ejemplo el acuerdo entre la Junta de Andalucía y la WMF que se compromete a destinar apreciables recursos a monumentos señeros de Andalucía, como son la Alhambra y Medina Azahara.