UNA sentencia del Tribunal Europeo de Justicia anulando el Tratado Agrícola UE-Marruecos vuelve a poner sobre la mesa el lado oscuro de los acuerdos preferenciales que la Unión firma con países terceros. Se habla de cooperación, de ayudas al desarrollo, de favorecer el fortalecimiento del sector y las estructuras agrarias en estos países. Pero tras esa coartada solidaria se esconde el negocio de unas pocas grandes empresas que aprovechan la laxitud en materia social y medioambiental para multiplicar sus beneficios produciendo más barato, inundando el mercado europeo y tirando por tierra los precios, para desgracia de nuestros agricultores y ganaderos.

El Tribunal Europeo, en su sentencia, alega que el Acuerdo incluye al Sahara Occidental en su ámbito de aplicación, a pesar de que la ONU no reconoce la soberanía de Marruecos sobre este territorio. Pero además, recoge que el Acuerdo no garantiza el desarrollo de la población saharaui y, según acreditaba el Frente Polisario en su demanda, beneficia exclusivamente a grandes corporaciones extranjeras que producen para la exportación, esquilmando los recursos naturales de la zona sin que su actividad repercuta en el desarrollo económico y social de la población.

De este modo, la sentencia pone en evidencia lo que COAG lleva décadas denunciando: bajo el pretexto de la cooperación internacional lo que se favorece son los intereses económicos de un puñado de multinacionales agroexportadoras. La Comisión y el Consejo de la UE no sólo no velan por los intereses de los agricultores europeos sino que en sus acuerdos también se desentienden de los derechos fundamentales de la población autóctona.

Por eso, hemos pedido que la sentencia se aplique y se paralicen de inmediato las importaciones de frutas, hortalizas y aceite de oliva procedentes de Marruecos. Hemos solicitado por carta al Gobierno, a los partidos políticos y a los europarlamentarios españoles que exijan en Bruselas la aplicación inmediata de la sentencia. Marruecos ha presionado con éxito a la Unión Europea en otras ocasiones para defender sus intereses, y de hecho la Comisión ya ha anunciado que va a recurrir la sentencia.

El sector de frutas y hortalizas genera en nuestro país la mitad del empleo agrario, más de un tercio de la producción final agraria y tiene un importante peso en la balanza comercial (la campaña pasada, el valor de la exportación se elevó a los 10.500 millones). En estos tiempos de crisis y paro, la renovación del acuerdo que se produjo en febrero de 2012 suponía un duro mazazo a la economía y al empleo. Sólo el aumento del contingente de tomate suponía una pérdida de 350.000 jornales anuales en España.

No podemos olvidar que el sector hortofrutícola depende mayoritariamente del funcionamiento de los mercados y no de las ayudas directas, por lo que es esencial una correcta regulación en frontera para asegurar un mínimo de estabilidad. El actual proceso de revisión de los reglamentos de aplicación de la normativa comunitaria en frutas y hortalizas es la ocasión ideal para la incorporación de dicha modificación.

En cuanto al aceite de oliva, actualmente, nuestro país es el principal importador de Marruecos, con más del 60%. La entrada de este producto en la UE está liberalizada desde la renovación del Acuerdo.

Además, dentro del denominado Plan Marruecos verde, se incluye un contrato-programa oleico (CPO) cuyo objetivo para 2020 es aumentar la superficie plantada de olivar, pasando de las 700.000 hectáreas actuales a 1,2 millones de hectáreas, aplicando esquemas intensivos y superintensivos. De este modo, con subvenciones europeas, se promueve un festín para los grupos agroalimentarios.

La liberalización concedida en 2012 no solo ha permitido que en la UE entre aceite de oliva producido en Marruecos, sino también el procedente de otros países de la zona, debido a la falta de control sobre el origen que figura en el etiquetado, circunstancia que COAG ha denunciado en diversas ocasiones, y que no permite conocer con rigor dónde se ha producido el aceite.

De hecho, el Acuerdo agrícola UE-Marruecos vulnera la legislación europea sobre comercialización de frutas y hortalizas frescas, al limitar la capacidad de los consumidores para discernir claramente si un producto etiquetado como originario de Marruecos procede de este reino, o del Sahara Occidental. La legislación comunitaria establece que los productos destinados a ser vendidos frescos al consumidor solo podrán comercializarse si en ellos figura la indicación del país de origen. Sobre esta cuestión, hay pendiente una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE a una demanda interpuesta también por el Frente Polisario.

En definitiva, Europa debe mirar cómo y con quién establece acuerdos y cuál es el objetivo que se persigue con ellos. No nos parece mal que se dé una oportunidad al desarrollo de la población de países con dificultades, pero es indignante que ésta sea una excusa para producir esquivando las exigentes normativas europeas en materia laboral, social, ambiental, y de calidad y seguridad alimentaria, desequilibrando el mercado europeo y ejerciendo una competencia desleal con los productores agrarios comunitarios. Negocio de unos pocos contra el interés general.