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La oposición se hace con el control de Innovar y el PSOE intentará impugnarlo

  • El consejo de administración, en el que el PP, el PA, IU y la edil tránsfuga tienen mayoría, asumirá la Gerencia si la justicia no lo impide.

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra hicieron valer ayer su nueva mayoría con el apoyo de la edil tránsfuga del PSOE, Laura Ballesteros, para aprobar, en la junta general de la sociedad municipal Innovar, las medidas que habían propuesto en el orden del día. Entre ellas, suprimir el puesto de gerente y que el consejo de administración, que el PSOE ya no controla y que debe reunirse ahora en cinco días, asuma su labor de control del dinero y pueda acometer además una reestructuración de personal. Ésta persigue saber qué cometidos desempeña en el ente el personal directivo procedente de la otra sociedad municipal ACM, al que se cita en la investigación que se sigue en el juzgado de instrucción 2 de Alcalá, por presuntas irregularidades contables y por supuestos gastos privados que se habrían cargado a la contabilidad.

Fue en una junta general extraordinaria, que se corresponde con el Pleno municipal y que presidió el alcalde, Antonio Gutiérrez Limones, de nuevo, con mucha tensión. La oposición coincidió en denunciar que Limones no les dejó intervenir, pese a que los puntos se fueron aprobando, y que no se aportó la información que pedían, como la "situación" en la que está el proyecto Alcalá +i.

La presidenta del consejo de administración, la edil socialista María José Borge, anunció en un comunicado que impugnarán la junta ante la justicia y solicitarán que los acuerdos queden en suspenso. Con lo ocurrido, considera, se ha evidenciado que el objetivo de PP, PA, IU y Ballesteros es "suplantar la decisión de las urnas con acuerdos de muy dudosa legalidad y bloquear la acción del gobierno".

"Confunden los órganos necesarios que establece la ley para el funcionamiento en régimen de sociedad y las competencias de gestión de dichos mecanismos". En definitiva, añade, "un cúmulo de irregularidades legales" que se unen "al bloqueo al que han sometido la formulación de las cuentas de 2013, legalmente auditadas". Borge volvió a calificar de "irresponsables" a la oposición y su "pacto político desnaturalizado", que ha quedado patente también en una sociedad que tiene cometidos importantes, como la dinamización industrial y las políticas de desarrollo.

Por su parte, la oposición incidió en que su objetivo es "erradicar cualquier sospecha de mal uso del dinero público y conocer oficialmente la situación actual de la gerencia o las cuentas del año 2013". "El equipo de gobierno ha mantenido su directriz de cero información", denunció el PP en un comunicado, en el que mostró su "malestar" por la actitud de Limones "al no permitir que nadie tomara la palabra, a excepción de la edil socialista María José Borge" y avanzó que acudirán también a los tribunales si el gobierno no "explica claramente la gestión del dinero público".

El PP mostró además su preocupación porque los fondos Feder se puedan perder porque no se cumpla con los "hitos comprometidos". La portavoz del PA, Lola Aquino, recordó al respecto que "quien nada teme, nada oculta" y tachó de "dictatorial" la actitud del gobierno que "amenaza a la oposición".

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