Los responsables de la fábrica de Cementos Portland Valderrivas, ubicada junto a la A-92, están pendientes de que la modificación provisional del PGOU de Alcalá de Guadaíra sea definitiva (falta un informe no vinculante de la Junta y su publicación) para presentar un recurso contencioso-administrativo contra la misma, que fija una distancia mínima de dos kilómetros con suelos urbanos o urbanizables, de uso residencial, para poner en marcha instalaciones que permitan el uso de residuos como combustible alternativo, como pretende.

En tanto llega ese momento, ha sido el comité de empresa el que se ha puesto en marcha para intentar que los planes de una industria histórica en Alcalá no se vayan al traste y ha formalizado una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ya que consideran que las decisiones municipales han provocado "indefensión" a una plantilla que, pese a la crisis de la construcción, todavía conforman más de 200 personas. Con sendos ERE en 2012 y 2013 ya se despidió a otras 80. La técnica que, de momento, no pueden poner en marcha reduciría el coste energético de la empresa y es clave para que siga siendo viable y los empleos se mantenga, insisten.

En la queja, entre otros argumentos, se destaca que el Ayuntamiento ha realizado una modificación de su PGOU ad personam, específicamente para la fábrica y su proyecto, la "única instalación en Alcalá con capacidad para poner en marcha" la técnica, defiende. De confirmarse el cambio en el PGOU, no podrá obtener licencia de obras para construir unas instalaciones que necesita para almacenamiento, manipulación y dosificación del nuevo combustible pero que, en realidad, podría tener ya hechas, porque son las mismas que se incluyeron en otro proyecto para el que sí obtuvo permiso de obras en noviembre de 2010, aunque caducó sin ejecutarse. Se trataba de instalaciones para usar biomasa -restos de podas y agricultura- como combustible y que valdrían ahora, con lo que el proyecto podría haber comenzado a rodar incluso.

A diferencia del Ayuntamiento -que se ha hecho eco de la oposición de colectivos ecologistas y vecinales, preocupados por los efectos nocivos que el cambio pueda tener en la salud y el medio ambiente-, la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de la Junta sí autorizó el uso de residuos no peligrosos como complemento al coque de petrólego en una resolución de septiembre de 2014, con la modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la factoría. El visto bueno de la Junta llegó después de más de tres años de trámites ante la Consejería de Medio Ambiente, que ya requirió informes al Ayuntamiento de Alcalá, según se recuerda en la queja al Defensor. También rechazó las alegaciones que interpuso Ecologistas en Acción, aunque este colectivo tiene interpuesto a su vez un recurso contencioso-administrativo. El Ayuntamiento inició la modificación de su PGOU poco antes de que llegara esa autorización. En junio de 2014 acordó ya suspender un año el otorgamiento de licencias. En octubre de 2015 se aprobó inicialmente el cambio en el PGOU en el Pleno, al que la empresa presentó alegaciones que se han desestimado, y que se confirmó en el Pleno de julio.

En la queja ante Maeztu, el comité de empresa denuncia que el Ayuntamiento "pretende regular" la valorización de residuos, algo que ya han hecho otros estamentos (la Consejería, el Estado, la Comisión Europea). También advierte que al fijar un criterio de distancia se ha basado en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubles, Nocivas y Peligrosas (Raminp), una normativa "superada y derogada", ya que la normativa en vigor establece que la afección al entorno se mide mediante la elaboración de estudios de impacto ambiental.