En 2011, el crédito inicial para las ayudas a personas que han agotado todos sus recursos tendrá que volver a incrementarse. Las previsiones del programa de salario social que concede la Junta de Andalucía volverán a quedarse cortas un año más a causa de la crisis económica.

Dos hechos apoyan esta conclusión. Con datos a 15 de agosto, la Junta ha gastado ya el 79,4% del presupuesto previsto para todo el año. Además, por primera vez, se gestionarán las solicitudes del último trimestre con el presupuesto vigente y no se postergarán para el siguiente ejercicio.

Desde que la crisis se manifestó, la evolución de este programa de solidaridad rompe cada año con todos los registros batidos en el anterior. Esta prestación es el último recurso disponible para aquellos a los que se les han denegado otras ayudas sociales o se les ha agotado el subsidio de 420 euros que concede el Gobierno.

Su cuantía varía entre los 392,5 euros y los 633,3, dependiendo de los miembros de la unidad familiar, y se concede por un plazo máximo de seis meses. Andalucía es una de las seis comunidades que concede esta ayuda.

Debido a la situación económica, el ingreso mínimo de solidaridad o salario social ha experimentado desde 2008 un aumento sustancial del número de solicitudes, pasándose a un escenario con tendencia al cambio de perfil de las personas y unidades familiares atendidas, que no sólo responde a claros rasgos de marginación, sino a otras capas sociales.

Si el programa venía recibiendo anualmente unas 22.000 solicitudes desde su estreno en 1991, en 2008 se presentaron 29.000 solicitudes y en 2009 y 2010 se alcanzaron en torno a las 41.000. Esta demanda ha provocado consecuentemente un aumento de los fondos.

En 2009 la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, que gestiona este programa, se vio obligada a aumentar el presupuesto de 41,3 a 62,3 millones. El pasado año también se aumentaron 1,8 millones más casi al final de ejercicio. Este año, se da por hecho que habrá que volver a aumentar el presupuesto ya que, a 15 de agosto, ya se han gastado 50 millones de euros, el 79,4% de los 63,9 millones previstos.

No obstante, la Junta ha asegurado en repetidas ocasiones que se incrementará esta partida lo necesario para dar respuesta a la demanda.

Además, la prórroga de la ayuda de 420 euros acordada el pasado viernes por el Gobierno central supone un respiro paras las arcas andaluzas, ya que de haberse extinguido, habrían aumentado los solicitantes del salario social en una proporción mucho mayor a la actual.

De hecho, la evolución de peticiones se ha estabilizado. Hasta agosto de 2011 apenas se han recibido un 2% más de solicitudes con respecto al pasado año, de 29.968 a 30.581. Aunque se han otorgado más ayudas, de 19.419 en 2010 a 21.142 este año, lo que explica que se hayan invertido 7 millones de euros más este año que los 43 del pasado ejercicio.

Entre el 70 y el 80% de las solicitudes acaban en una respuesta positiva de la Administración. Sobre un 10% se desestiman y un 15% se archivan porque el solicitante no ha completado la documentación.

No obstante, hay diferencias considerables entre provincias, de lo que es consciente el Gobierno andaluz. En Cádiz y, sobre todo en Sevilla, continúan los problemas en la agilidad para dar una respuesta a los solicitantes, admite Ana Gómez, directora general de Servicios Sociales. Esta cuestión fue denunciada por el Defensor del Pueblo, José Chamizo, que se quejó de que se incumpliese el límite legal de seis meses para resolver una ayuda.

"Sevilla y Cádiz tienen una demanda muy superior respecto a otras provincias. Se ha hecho un refuerzo en el número de funcionarios, pero como está la cosa y aunque se avanza, es casi imposible ponerse al día", admite Gómez.

Sin embargo, se dan pasos en otras de las solicitudes del Defensor. Se trabajará para no dar la ayuda a ciertas familias en un único pago. Para agotar el presupuesto, la Junta se decidía en los últimos meses del año por dar el dinero de una tacada. Pero este año se hará un esfuerzo para apurar las comisiones y éstas se reunirán en noviembre o diciembre para estudiar las solicitudes, con lo que se atenderá a un mayor número de solicitantes, en principio, con el mismo presupuesto, pero ya no adelantado. Hasta ahora era una práctica habitual que las solicitudes del último trimestre se computarán en el presupuesto del siguiente año.