Juan Antonio Roca ha dicho que está en "todo su derecho" de reincoporarse al Ayuntamiento de Marbella y es cierto. Según varios juristas consultados, el Estatuto de los Trabajadores ampara al presunto cerebro del caso Malaya si finalmente decide recuperar su puesto de trabajo en el Consistorio, aunque la alcaldesa, Ángeles Muñoz, ya ha anunciado que, en caso de recibir la polémica solicitud, redactará la carta de despido "al minuto".

Apenas 24 horas después de salir de la cárcel, a los dos años de su detención por el caso Malaya contra la corrupción, el ex asesor de Urbanismo del Consistorio marbellí apuntó que "sopesa" esa posibilidad, aunque de momento es sólo eso, una "posibilidad".

Un caso como el de Roca está contemplado en los artículos 45 y 48 del Estatuto de los Trabajadores. Estos dos apartados regulan, por un lado, la suspensión del contrato si el afectado es privado de libertad, mientras "no exista sentencia condenatoria"; y el "derecho" del mismo a reincorporarse a su puesto de trabajo "al cesar las causas legales de suspensión". Es decir, el contrato de Roca ha quedado suspendido mientras ha estado en prisión preventiva, periodo en el que no ha cobrado ni ha cotizado a la Seguridad Social, y al recuperar su libertad no tiene ningún obstáculo legal para reincorporarse a su puesto porque la ley respeta la presunción de inocencia.

Roca está vinculado al Ayuntamiento de Marbella desde 1991, cuando entró de la mano del fallecido Jesús Gil y se colocó al frente de Planeamiento 2000, la sociedad encargada de los archiconocidos convenios urbanísticos del municipio. Unas horas antes de que se firmara la moción de censura presentada el verano de 2003 contra el entonces alcalde, Julián Muñoz, a medianoche, éste firmó su destitución y Roca estuvo unas semanas desvinculado del Consistorio, hasta que la ex alcaldesa, Marisol Yagüe, lo recuperó como asesor de Urbanismo. Ese cargo ostentaba cuando fue detenido el 29 de marzo de 2006, en la primera fase de la operación Malaya contra la corrupción.

Roca tiene un contrato laboral a través de la sociedad municipal Gerencia de Obras y Servicios. Respecto a su sueldo, él mismo dijo al primer instructor del caso Malaya, Miguel Ángel Torres, que cuando era gerente de Urbanismo con Gil cobraba 150.000 euros; sus labores de asesoramiento con Yagüe se remuneraban con 120.000 euros.

Roca aún no ha asegurado que vaya a reincorporarse a su puesto de trabajo, y si lo hace, posiblemente, se topará con la carta de despido nada más entrar. Llegados a este punto, el presunto cerebro del caso Malaya tiene la oportunidad de recurrir a los tribunales por considerar su despido improcedente.

La alcaldesa de Marbella está convencida de que "ningún juez" admitiría el reingreso de Roca en el Ayuntamiento. El equipo de gobierno tiene la baza de dos sentencias que le han dado la razón en sendos despidos objetivos de altos cargos de la era GIL. Se plantearon en noviembre pasado, cuando se acordó prescindir de un grupo de empleados, decisión justificada en lo elevado de su sueldo y en la situación de crisis de las arcas municipales. Los afectados denunciaron ante un juzgado de lo Social, que recientemente ha sentenciado que el despido es procedente porque la Corporación marbellí y sus sociedades municipales "han llegado a una situación económica desastrosa".

Los primeros en plantear despidos de personal del GIL fue la gestora, que gobernó el municipio hasta las elecciones municipales. Este equipo puso sobre la mesa más de 40 destituciones. Uno de los casos más llamativos fue el de la ex edil Carmen Revilla, procesada en el caso Malaya, tras reclamar su reincorporación. La gestora firmó su despido y un juzgado lo declaró nulo, por lo que fue indemnizada.