El Gobierno andaluz tiene muy claro que la "guadaña" educativa que pretenden aplicar algunas comunidades del PP, en especial Madrid -también Castilla-La Mancha y Galicia-, no es aplicable a Andalucía, porque no es sólo algo que va a "demoler" la educación pública, sino porque de seguirse el modelo de Esperanza Aguirre dejaría en la calle a 4.580 profesores. Un porcentaje muy elevado -un 12%-, si se atiende que la plantilla andaluza es de 40.000 docentes, lo que redundaría directamente en la calidad de la enseñanza. Por si quedara alguna duda de este compromiso, el consejero del ramo, Francisco Álvarez de la Chica, dijo ayer que lo podrán comprobar las familias la próxima semana "cuando comience el curso y vean que en sus centro no se ha prescindido de ni un solo profesor" y que no se ha ampliado "ni una hora más" el horario lectivo del profesorado.

De la Chica consideró que los recursos que pretenden ahorrarse en esas comunidades no son más que una "involución extraordinaria" y un "proceso de inversión negativo" encaminado a "demoler la enseñanza pública", que cuestionó si será extrapolable a las enseñanzas concertada y privada. Aparte de esta apreciación, también quiso salir en defensa de los docentes tras las declaraciones de Aguirre justificando su medida de ampliación del horario lectivo -de 18 a 20 horas semanales- en que "son menos de las que trabajan el resto de los madrileños". El consejero andaluz apreció que Aguirre no sólo pone así "bajo sospecha" el trabajo de este colectivo como servidores públicos, sino que al final aplicará una medida que tendrá "serias y graves consecuencias" para quienes confían en la educación pública para sus hijos.

Esta contraposición de modelos no se quedó ayer exclusivamente en el ámbito educativo y de los gobiernos autonómicos. A nivel de partido, PSOE y PP también se enzarzaron, después de que los populares manifestaran el pasado jueves que ven en los planes de ajuste de la presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, su "hoja de ruta" -pretende ahorrar 1.415 millones el próximo ejercicio con mayor carga lectiva a los profesores, en gastos de protocolo, la eliminación del Defensor del Pueblo o la venta de inmuebles, entre otras medidas-. Los socialistas vieron que con esta declaración de intenciones el presidente del PP-A, Javier Arenas, deja muy "clara cómo puede ser su política", al mostrarse como el "alumno más avanzado de Mariano Rajoy manostijeras". Quien así lo definió fue la presidenta del PSOE-A, Rosa Torres, que consideró que los populares "enseñan la patita" después de "meses con la piel de cordero" de que no aplicarían recortes.

En la misma línea reaccionó IU. Su coordinador regional, Diego Valderas, vio en la "dieta" de Cospedal la futura "anorexia" de las administraciones -"a más recortes más paro", resumió- y lamentó que Arenas se erija en defensor de esta receta, aunque también advirtió que el Gobierno andaluz "va montado en el mismo barco".

Ante esta lluvia de críticas, Arenas matizó ese apoyo cerrado a la "hoja de ruta" de Cospedal, insistiendo en que "hay que recortar todo" a excepción de la sanidad, educación y el gasto social, precisamente, las tres partidas a las que el Gobierno andaluz se ha comprometido a dar "prioridad absoluta" en los presupuestos de 2012. También quiso contrarrestar los reproches ofertando al PSOE un pacto presupuestario para reducir el gasto corriente y que estará vigente "hasta las elecciones" . Arenas explicó que Andalucía es la "única" comunidad donde sube el gasto de personal, y consideró "insostenible" que cada provincia mantenga a 28 delegados provinciales y haya un sector público que cueste 5.500 millones.

Esta propuesta se canalizará en el Parlamento andaluz, donde pedirán la creación de un grupo de trabajo.

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