El Ayuntamiento de Málaga acaba de sacar a concurso la venta de una parcela de suelo situada en pleno centro de la ciudad, en la calle Nosquera, para la construcción de viviendas de protección oficial en régimen de alquiler para personas con escasa renta. La gran novedad en la acción municipal radica en la inclusión en el pliego de condiciones que rige el proceso de una penalización que puede llegar a hasta 60.000 euros por cada mes que se retrase la obra.

El documento oficial, al que ha tenido acceso este periódico, marca claramente la predisposición de la Gerencia de Urbanismo a que la ejecución de estos pisos sociales, lastrado en el tiempo desde hace varios años, no sufra más retraso del necesario. Entre las obligaciones a asumir por la futura adjudicataria está la inclusión de un aval de 120.000 euros "que garantizará una penalización de 20.000 euros por cada mes de retraso", con un máximo de seis meses.

No obstante, si el reloj de terminación de los trabajos acumulase más demora, se irían sumando otros 20.000 euros por mes.

La exigencia municipal va a más. Entre los criterios de valoración de las ofertas se incluye una indemnización "a favor del municipio de 60.000 euros" por cada mes que la empresa incumpla el plazo en el que se compromete a desarrollar la obra. Así, por ejemplo, si una firma oferta la ejecución de la obra en 20 meses, cuatro menos del plazo de licitación, y tarda cinco meses más en finalizarlos, el pago en favor del Consistorio se elevaría a unos 300.000 euros.

El último elemento al que presta especial atención el Ayuntamiento es el del precio de arrendamiento a pagar por los futuros ocupantes de estos pisos, incluidos en la categoría de alquiler de renta básica, lo que fija unos alquileres de entre 248 y 285 euros mensuales. En este sentido, el pliego asigna hasta 15 puntos a las ofertas que ofrezcan mayor descuento porcentual sobre el precio legal de arrendamiento.

La Gerencia de Urbanismo marca un plazo máximo para presentar la licencia de edificación de seis meses desde la formalización del contrato, y de 24 meses para la terminación de los trabajos desde la expedición de la licencia. Asimismo, el organismo impide a la empresa que se haga con la finca la posibilidad de venderla y la obliga a ser ella la que ejecute el proyecto.