La juez Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades detectadas en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), ha aplazado su decisión de imponer fianzas por valor de más de tres millones de euros a los primeros 14 imputados, al solicitar nuevos datos relacionados con las cantidades que pudieron percibir estas personas.

La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un nuevo auto en el que exige además a la Junta la entrega de "las notas manuscritas o borradores" de los expedientes administrativos porque, según la magistrada, "contienen información relevante para la causa, dado que como se reconoce no existe un expediente administrativo propiamente dicho por cada ayuda concedida". La juez aclara que la petición a la Junta para que entreguen esos borradores se hace "simplemente como documento de trabajo".

En cuanto a las fianzas de 2,8 millones que exigió la Fiscalía Anticorrupción para los primeros 14 imputados -que la representación de la Junta eleva a 3,2 millones-, la juez Alaya precisa que ante la "dificultad" para establecer las cuantías individuales aplicables a cada uno de los implicados es necesario reclamar más información sobre el total de las rentas "ilícitamente percibidas" o del importe efectivamente abonado para el pago de las primas con cargo a los fondos públicos. Por ello, la instructora ha acordado requerir al Consorcio de Compensación de Seguros para que informe sobre las cantidades percibidas por algunos de estos imputados, entre ellos el ex alcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo, cuya defensa se ha opuesto a la imposición de ninguna fianza al asegurar que ya ha consignado 112.900,53 euros en el juzgado en relación con los pagos recibidos, aunque el ex regidor niega que figure como intruso en ningún ERE. La instructora señala que, según la información facilitada por la defensa, la Junta le ha comunicado ya las cantidades "indebidamente percibidas", por lo que añade que como la Administración "debe poseer mayores datos que este órgano", emplaza a la Junta para que a la "mayor brevedad y en los sucesivo", facilite al juzgado el cálculo de la prima y las prestaciones abonadas respecto a cada imputado.

La juez también ha pedido al Consorcio de Compensación de Seguros para que informe si los imputados "constan como beneficiarios de otras pólizas" distintas de las que figuran en la causa y, en ese supuesto, solicita que se aporten copias de las mismas y de las condiciones particulares, así como las cuantías abonadas a los beneficiarios de esas pólizas.

De otro lado, la juez ha requerido igualmente a la Junta para que aporte el informe elaborado con fecha 26 de julio por el viceconsejero de Empleo -que fue remitido al viceconsejero de la Presidencia-, en el que informaba del procedimiento seguido para formalizar el acuerdo de encomienda a la Agencia de Innovación y Desarrollo (IDEA) para la materialización de programas sociolaborales y ayudas sociales excepcionales. La petición se produce después de que, según la documentación aportada por la Junta, no exista constancia de que el Consejo de Gobierno adoptase ningún acuerdo en relación con la orden de 27 de abril de 2010 del consejero de Empleo, que formalizaba el citado acuerdo de encomienda a IDEA.