La Junta de Andalucía quiere limitar el volumen de residuos tóxicos y peligrosos que cada año llegan desde otras comunidades autónomas y otros países al vertedero de Nerva, en Huelva. En un plan que previsiblemente aprobará el Consejo de Gobierno en las próximas semanas, la Consejería de Medio Ambiente modifica el tope de este tipo de residuos que las empresas pueden llevar hacia estas instalaciones, gestionadas por Befesa, una filial de Abengoa.

La admisión de residuos peligrosos procedentes de fuera de Andalucía está restringida en 27.268 toneladas, cifra que se estableció en un primer plan (2002-2010) de residuos peligrosos al tomar como referencia el 20% de la media gestionada por la instalación entre 2002 y 2004.

Ahora, en este nuevo plan que se aprueba con el horizonte de 2020, la Junta dejará el límite en 13.300 toneladas. Este máximo representa el 50% de la media de depósitos totales (los generados en la comunidad y los de fuera) recibidos entre 2005 y 2010, según ha computado la Junta.

Así la Junta establece un nuevo objetivo con la intención de que se reduzcan los residuos que se eliminan directamente en vertedero sin ningún tratamiento, los llamados D5. En Nerva se arrojaron el año pasado 16.623 toneladas, de las que 6.908, el 42%, procedieron de fuera de Andalucía.

Esta cantidad, al igual que la de 2009 (6.615), son inferiores al límite que se impondrá, pero hay que anotar que en 2008 se vertieron 24.411 toneladas de residuos no generados en la comunidad; en 2007, 22.252 y en 2006, 19.281. La crisis económica influyó en la menor llegada de residuos peligrosos.

La Junta quiere imponer un límite a los residuos externos justo cuando la línea que traza la Unión Europea es la contraria: que en cualquier planta europea puedan depositarse residuos peligrosos independientemente de donde se generen.

Andalucía es casi autosuficiente en el tratamiento de todo tipo de residuos. Sólo un 10% de lo que genera lo destina a otras comunidades o países para su tratamiento. Sin embargo hay productos que no pueden ser tratados para reciclarlos o ponerlos en valor, y para ello se acondicionaron cementerios como el de Nerva, abierto en 1998. Otro almacén andaluz está en Jerez, pero su capacidad para eliminar residuos peligrosos es muy inferior (tiene un límite de 275 toneladas).

En las pasadas navidades, la instalación de Nerva fue polémica por la entrada de camiones con residuos procedentes de Italia, presumiblemente, aunque no se confirmó, tras una guerra de la basura en Nápoles. Greenpeace denunció la entrada de hasta 25.000 toneladas. Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente desvinculan la restricción de este plan de esos acontecimientos y recuerdan las limitaciones anteriormente impuestas.

Las mismas fuentes subrayan que este proceso de eliminación sin tratamiento tiende a la baja, ya que la mayoría de los residuos peligrosos son valorizados. Como ejemplo, en 2002 se vertieron 194.052 toneladas en Nerva por las 16.623 de residuos sin tratamiento de 2010. Otras 189.000 toneladas se vertieron en Nerva, pero fueron residuos inertizados, los llamados D9, que pasan por un proceso físico-químico para neutralizar su toxicidad.

Medio Ambiente considera que esta bajada de residuos responde al impacto de los impuestos verdes aprobados en 2005, donde se gravaron estos vertidos, que ha aumentado la concienciación de las empresas. En 2010 la Junta sólo recaudó 381.917 euros por este impuesto.

Gran Bretaña (Gibraltar), Portugal e Italia son los países de los que procedieron más residuos peligrosos a las plantas de tratamiento andaluzas; en total, 58.060 toneladas en 2009. Otras 180.381 llegaron de otras comunidades. Y otros 80.424 a través de buques y en barcos. Los residuos que llegaron fueron polvos de gases procedentes de actividades de siderurgia y acería, tierras contaminadas, lodos de procesos de depuración de aguas residuales industriales, así como de aceites y disolventes.

El tratamiento de residuos no está declarado de utilidad pública, por lo que son operadores privados quienes se ocupan de la gestión. Por ello la pretensión de la Junta con este plan consiste en crear un marco para, primero, prevenir que se generen este tipo de residuos, y segundo, optimizar su gestión, impulsando su valorización energética o reciclando esos materiales.

La previsión presupuestaria del plan es de 3,6 millones en 2012 y 2013 y una previsión de 10,2 millones de euros a partir de 2013 y hasta 2020 si se aprueban nuevos fondos europeos, para la generación de 317 empleos.