La juez Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades en las subvenciones públicas vinculadas a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de empresas en crisis, ha reclamado asumir la investigación del presunto pago con ayudas públicas de "cocaína, fiestas y copas" que ha denunciado el antiguo chófer del ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Francisco Javier Guerrero Benítez.
 

La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha requerido a sus homólogos de los juzgados de Instrucción números 1 y 2 de Andújar (Jaén) que se inhiban de las investigaciones iniciadas en 2010 -en principio por delito fiscal, al no declarar el impuesto de sociedades- contra el ex chófer del alto cargo de la Junta, Juan Francisco Trujillo, quien recibió sendas ayudas públicas de 450.000 euros para las empresas Lógica Estratégica Empresarial e Iniciativas Turísticas de Sierra Morena, empresas que creó en 2004 cuando trabajaba para Francisco Guerrero. Alaya sólo ha pedido la causa relativa a las ayudas, no el delito fiscal, por lo que lo normal es que ambos juzgados le remitan las investigaciones.
 

El que fuera conductor del ex director general de Trabajo compareció voluntariamente el 15 de diciembre en la comisaría de Policía de Jaén, donde reconoció que recibió 900.000 euros en ayudas públicas para crear una empresa de muebles y un negocio de casas rurales en la sierra de Andújar. Con parte de ese dinero, Juan Francisco Trujillo aseguró que compró un terreno en la sierra y un piso en la calle San Luis de Sevilla, que iba a ser la sede de la empresa. Otra parte del dinero, sin cuantificar, se la entregó "en mano" a Francisco Javier Guerrero, y con esos fondos también compró, a instancias del que fuera su jefe, varios efectos, "como material de telefonía, artículos de música, antigüedades, ropa y otros".
 

En cualquier caso, el ex chófer afirmó que la "mayor parte" del dinero lo dedicó a "comprar cocaína para su jefe y para él", así como en otros gastos para "ir de fiestas y copas", según recoge la declaración de Trujillo ante la Policía Nacional.
 

El que fuera conductor de Guerrero desde finales de 2002 o principios de 2003 sostuvo que la idea de concederle las ayudas partió del propio Guerrero, con el que entabló una relación de amistad. "Una tarde, en un local de copas a los que era muy aficionado Guerrero, y a los que finalmente el dicente acabó aficionándose también, Guerrero le comentó la potestad que él tenía como director general de conceder subvenciones indiscriminadamente y sin necesidad de justificar nada", asevera el conductor.

El chófer creó las dos empresas y como documentación para solicitar las subvenciones preparó "un par de folios que teóricamente contenían un plan de viabilidad de un negocio". Al cabo de unos meses recibió el dinero, con el que compró los terrenos en la sierra -que después vendió con un beneficio de 150.000 euros- y el piso en Sevilla, que fue después embargado.
 

El abogado Fernando de Pablo, que defiende a Guerrero, afirmó que es "falso" que éste alto cargo ordenara la compra de cocaína con dinero público y anunció que emprenderá acciones legales contra Trujillo y contra quienes recojan sus informaciones, como la secretaria de organización del PSOE-A, Susana Díaz.