El Gobierno andaluz quiere ofrecer otro rostro en todo lo concerniente a ayudas y subvenciones sobre las que se cierne la sospecha de haber sido utilizadas para algo que no guarde ninguna relación con el objetivo para el que fueron concedidas. Ahora, ha puesto la lupa sobre 70 millones de euros que se otorgaron a empresas e instituciones. Y lo hace, en palabras de la consejera de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Mar Moreno, con la intención de sacar a flote "el eventual fraude que se haya podido cometer en alguna de ellas".

Tras el Consejo de Gobierno celebrado ayer en el Palacio de San Telmo, Moreno se afanó en dejar claro que "desde el minuto uno" la Junta "ha abierto líneas de investigación interna tanto sobre los ERE [expedientes de regulación de empleo] como sobre las ayudas a empresas". Ésta sería una más, a juicio de la consejera, del rosario de las pesquisas emprendidas por el Ejecutivo, atacado por su pasividad, cuando no por su complicidad, en el escándalo de los ERE, por los grupos de la oposición.

En esta ocasión se trata de una cantidad -esos 70 millones- que, dentro de la partida 31L, destinada a ayudas socio-laborales a empresas en crisis, no se dirigió a sufragar ERE alguno, sino que se inyectaba sobre compañías e instituciones. "Esto es lo que se somete a revisión", subrayó Moreno. De hecho, la consejera dejó claro que la Junta mantiene la partida 31L, que ella misma se encargó de defender como instrumento de ayuda a las plantillas de las empresas en crisis.

La Consejería de Empleo justificó en 2005 esas ayudas objeto en este momento de investigación en base a criterios de "eficiencia y racionalidad". Fue el entonces viceconsejero del departamento, Agustín Barberá, quien dio el visto bueno a un sistema de financiación con el que se pretendía "evitar actuaciones autonómas y descoordinadas, economizar y optimizar los recursos", informa Efe.

No es intención ahora del Ejecutivo "cuestionar la legalidad del procedimiento, sino detectar fraudes y partidas que no llegaron a las empresas y los trabajadores, sino que tuvieron una finalidad fraudulenta", explicó su portavoz. La Junta ha abierto un período de alegaciones para que las empresas justifiquen las ayudas recibidas y detectar los casos en los que se haya podido producir algún fraude. El Gobierno pedirá el reembolso de las cantidades cobradas ilícitamente.

Moreno también hizo mención al informe de la Cámara de Cuentas sobre la sociedad de capital riesgo Invercaria, participada mayoritariamente por la Junta, en el que alertó de algunas incidencias y en las normas de contratación. La consejera aseguró que dicho informe "no habla de fraude". La portavoz del Ejecutivo criticó la "interpretación sesgada" que ha hecho el PP y defendió la transparencia en la gestión de la sociedad, al tiempo que destacó su apoyo a través de créditos participativos a la creación de "más de tres mil empleos". Para la consejera, la gestión de Invercaria "es más que positiva", con un índice de fallidos bastante menor que el del conjunto de sociedades de capital riesgo.