El pleno de la Diputación de Sevilla, reunido en sesión ordinaria, ha sido el escenario de un agrio enfrentamiento protagonizado por los dirigentes del PP y del PSOE a cuenta de la trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, así como el uso general de este fondo al haber escapado supuestamente al control administrativo. Los populares, mediante una moción sobre el caso, han acusado al presidente de la institución, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), de "amparar a implicados en la trama", respondiendo éste que la Diputación no tiene "nada que ver" con el caso y que el PP da "credibilidad al chorizo, putero y drogadicto" de Francisco Javier Guerrero.

La juez Mercedes Alaya, desde el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, investiga como es sabido esta presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos. Mediante un acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos años, la segunda de las instituciones habría librado directamente 647.869.157,45 euros para la reestructuración de empresas en crisis con cargo a la partida 31L, fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública propiciando que los libramientos eludiesen la preceptiva fiscalización.

La trama de los ERE

La Consejería de Empleo, en una investigación paralela, ha detectado y elevado a la juez un total de 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de "discordancia administrativa" en al menos 67 expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas con cargo a este fondo, bautizado como "fondo de reptiles" por el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados en la causa. Guerrero, de hecho, ha sido llamado a declarar por la juez el próximo 7 de marzo, poco antes del arranque de la campaña electoral de las elecciones andaluzas.

De cualquier modo, el portavoz del Grupo popular de la Diputación, Eloy Carmona, ha elevado a debate una propuesta para que la Corporación provincial instase a la Junta de Andalucía ha emprender una serie de expedientes de responsabilidad patrimonial destinados a recuperar los fondos públicos disfrutados ilícitamente por los imputados beneficiarios de la trama y los supuestos involucrados en estos hechos, entre los que figuran militantes y antiguos cargos públicos del PSOE. El Grupo socialista, de su lado, ha propuesto una enmienda a la que se sumaba el PA para que la acción institucional se dirigiese también al Gobierno central, al objeto de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy promoviese además el rescate del dinero público supuestamente defraudado en tramas de corrupción como Gürtel o Palma Arena.