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Andalucía

Hacienda lleva al Constitucional a la Junta por la ley de archivos

  • El Gobierno discrepa de que algunos de sus documentos sean de titularidad pública

El Gobierno central, por medio del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha comunicado al Tribunal Constitucional la apertura de una negociación con la Junta de Andalucía para resolver las discrepancias causadas por la ley de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía.

Esta norma, que aprobó el Parlamento andaluz por unanimidad en octubre, amplía las posibilidades de acceso ciudadano a los documentos oficiales. Sin embargo, el Gobierno reniega de un artículo (9.2) en el que se consideran documentos de titularidad pública los de la Administración del Estado y sus sociedades, los de los órganos judiciales radicados en la comunidad, los de notarías y registros públicos y los de organismos europeos e internacionales.

Por ello, en el seno de la comisión bilateral entre la Junta y el Estado se aprobó a principios de febrero constituir un grupo de trabajo para resolver estas discrepancias sobre la confidencialidad de los documentos. De finalizar sin acuerdo, el Gobierno interpondrá un recurso ante el Tribunal Constitucional, de lo que ha dado aviso.

Se trata del primer conflicto competencial entre el Gobierno del PP y la Junta de Andalucía. En 2010, el Gobierno del PSOE planteó discrepancias por el impuesto a los depósitos bancarios de la Junta, aunque finalmente se retractó.

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