El primer consejero de Vivienda de Andalucía parece encantado con el apretado calendario que le ha impuesto Manuel Chaves para facilitar el acceso a un hogar a miles de andaluces y solucionar los atrasos en la ordenación del territorio. La última tarea que tiene encima de la mesa es encontrar una solución al parque de vivienda nueva vacía que no encuentra sitio en el mercado. La solución podría pasar por calificarlas como VPO o como vivienda a precio tasado.

-¿Necesita Andalucía las 700.000 casas nuevas que prevé el Pacto por la Vivienda?

-Este dato proviene de un análisis del IESA (Instituto de Estudios Sociales Avanzados) y que el Gobierno andaluz ha asumido como un compromiso político realizable. La cifra puede ser la real a diez años vista, pero yo lo que quiero gestionar es el 2008 y ser capaces de construir en cuatro años las 100.000 VPO prometidas.

-Pero los empresarios ya le piden ayudas para las viviendas que no logran vender.

-Les he pedido que detecten cuántas de las 90.000 viviendas que hay sin vender se adaptan al perfil de demandantes con un nivel de renta específico que queremos atender de manera prioritaria. Se trata de hacer un análisis de la oferta y la demanda para ver cómo podemos atender en una primera fase de la legislatura el objetivo de no tener un parque de vivienda muerta y atender las necesidades de estas personas.

-¿Recuperando la fórmula de la vivienda a precio tasado?

-No descartamos ninguna opción, pero nuestra prioridad es la VPO y no la vivienda a precio tasado. Hay un sector de la población que no encuentra respuesta en el mercado y sólo si cubrimos esta demanda analizaremos la posibilidades de viviendas que no se venden y que serían las primeras a las que hay que dar respuesta.

-¿Obtendrá suelo para hacer 100.000 VPO en cuatro años?

-La estrategia es concentrarnos primero en los 35 municipios que tienen mayor demanda y llevar a ellos equipos que se dediquen a identificar las necesidades. Habrá todas las opciones, desde la disposición de suelo por parte de ayuntamientos y la propia Junta hasta la búsqueda de promotores privados. Si hay un municipio que no facilita la posibilidad de disponer de suelo, la Junta buscará mecanismos legales para declararlos de interés autonómico. Pero tenemos que superar los criterios basados en porcentajes. Es más fácil gestionar bien la demanda que desarrollar una política de oferta que luego no resulte necesaria.

-¿Habrá mayor flexibilidad entonces en el porcentaje de reserva de suelo para VPO?

-No es cuestión de flexibilidad. Partíamos de un escenario en el que a nadie le interesaba la VPO y la Junta tuvo que tomar decisiones prácticas de reserva de suelo. Ahora estamos en una situación distinta, trabajamos sobre suelos reales y no sobre porcentajes.

-¿Qué aportará el nuevo plan de vivienda?

-Es un plan sensiblemente más ambicioso porque la coyuntura y el contexto lo permiten. A la ministra de Vivienda le he pedido revisar nuestros objetivos porque el nivel de exigencia es mucho más alto. Este primer año sacaremos a la venta suelo para realizar en torno a 14.000 VPO, que suponen 825 millones de euros de inversión y generar unos 15.000 empleos. Este primer dato pulveriza las cifras de años anteriores.

-Y tras aprobar el plan, la nueva Ley de Vivienda.

-Al día siguiente de que esté aprobado el Plan de Vivienda por el Consejo de Gobierno constituiremos el grupo de trabajo para ponernos de acuerdo en cuáles son los objetivos que debe cubrir la ley. Empezaremos el edificio por los cimientos e intentando satisfacer los objetivos de todo el mundo.

-¿En qué se parecerá el documento que lleve al Parlamento al borrador que presentó la Junta al final de la pasada legislatura?

-Hay quien se empeña en vender la idea falsa de que la Junta va a dar viviendas gratis y no quiero generar falsas expectativas. Andalucía va a ser la primera comunidad que reconozca un derecho constitucional modulando el acceso a la vivienda con la prioridad de aquellos que tienen dificultad por su capacidad económica. Vamos a estudiar jurídicamente muy bien a qué población nos referimos, con qué niveles de renta y cuál es el producto que vamos a poner a su disposición. Mi propuesta es sentarnos en una mesa todos los implicados sin ningún borrador de ley encima.

-¿Convencerá a los empresarios de las bondades del Plan de Ordenación del Territorio (POTA)?

-El POTA no es ya un elemento de debate. Lo que tenemos es que gestionarlo y ejecutarlo correctamente y ahí es donde tenemos que buscar las mejores soluciones.

-Los ayuntamientos tampoco tuvieron prisa en la pasada legislatura por adaptarse a la Ley de Ordenación Urbanística (LOUA).

-Hoy sólo 60 municipios se han adaptado a la LOUA y el objetivo en el primer año de legislatura es desatascar al menos la mitad de los planes. Nuestra posición no va a ser esperar a que los ayuntamientos se muevan a su ritmo, buscamos una fórmula más activa con la red de oficinas de asesoramiento al planeamiento municipal.