El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) consiguió el martes con su tradicional acto propagandístico del verano un rotundo éxito de publicidad. El asalto a dos supermercados, en Écija y Arcos, bajo la excusa de una "expropiación alimentaria", consiguió justo lo que se pretendía: poner de los nervios a todo el arco político e, incluso, algo más.

Pero las consecuencias judiciales pueden no ser agradables. El Ministerio de Interior cursó ayer la orden de detención contra los participantes, entre los que se encuentran cargos de Izquierda Unida como el alcalde de Espera o el portavoz de la coalición de izquierdas en el municipio sevillano de El Coronil. Las primeras detenciones se produjeron anoche. El portavoz del SAT, Diego Cañamero, informó de que dos personas fueron detenidas por su implicación en el asalto de Écija Sevilla: una de ellas en Hornachuelos (Córdoba), desde donde fue trasladada a la comisaría sevillana de Blas Infante; la otra ocurrió en la localidad malagueña de Cuevas de San Marcos y este miembro del SAT quedó arrestado en la comisaría central de Málaga.

El parlamentario de IU Juan Manuel Sánchez Gordillo recibirá "en las próximas horas" una citación judicial por su implicación. El también alcalde de Marinaleda no será detenido, por ahora, debido a su cargo como diputado, ya que ley establece una protección especial para aquellas personas aforadas. El resto de personas que participaron en los asalto serán detenidas cuando se complete la identificación.

El ministro Jorge Fernández Díaz ordenó a la Policía y la Guardia Civil detener a los autores de los asaltos. "El establecimiento ha presentado una denuncia y la Policía y la Guardia Civil tienen órdenes de detener a los autores y ponerlos a disposición judicial", aseguró . Además, trasladó su preocupación al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para que inste a la Fiscalía a investigar lo ocurrido por si los hechos fueran constitutivos de delito. "La gente lo está pasando mal, pero el fin no justifica los medios", dijo.

Dicho y hecho, Ruiz-Gallardón trasladó de inmediato al Fiscal General del estado, Eduardo Torres Dulce, la documentación sobre los hechos para que hiciera una valoración jurídica y horas más tarde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordenó la apertura de diligencias fiscales.

Sánchez Gordillo dijo ayer que con la orden de detención el Gobierno quiere "reprimir y asustar" y además regresa al franquismo. El el diputado por IU reiteró que no cometió ningún delito, porque no pisó el supermercado y se limitó a realizar "maniobras de distracción" para que otros sindicalistas pudieran llevarse alimentos. El parlamentario hizo estas declaraciones en la finca militar Las Turquesillas, de Osuna, que el SAT ocupó hace 16 días y de donde el juzgado les ordenó que salieran ayer.

Hay fiscales que ya tienen una valoración. La portavoz de Unión Progresista de Fiscales, María Moretó, consideró que sí es delito, ya que "si todo el mundo hiciese lo mismo esto sería la ley de la selva. Aunque el fin pueda ser bueno, las vías no son las adecuadas".

A la espera del devenir judicial, la deriva política ha estallado y pone en el punto de mira a IU, socio de gobierno del PSOE en la Junta. Sobre todo cuando el presidente José Antonio Griñán reprochó sólo unas horas después la "barbaridad" de la acción liderada por Sánchez Gordillo. En IU se tragó el sapo el vicepresidente, Diego Valderas: no compartió la acción de Sánchez Gordillo, pero consideró desproporcionado detenerle. "Hay que tener en cuenta el simbolismo. Se ha abierto un gran debate sobre riqueza y pobreza, una realidad que no se puede obviar", dijo después de firmar un plan de fomento del empleo agrario.

Para el diputado Gaspar Llamazares la reacción del gobierno es "hipócrita e histérica"; para el eurodiputado Willy Meyer, la orden de detención es "una metedura de pata veraniega, como si en este país el tema de seguridad requiriera una atención mayor en el blanqueo de dinero o tráfico de estupefacientes"; su hija, Amanda Meyer, directora de Vivienda de la Junta, pidió el día anterior en un tuit a Griñán que "no señale al débil mientras nos roban a manos llenas gracias a la reforma constitucional que pactaron ustedes con PP". El colofón lo puso el portavoz de Interior de IU en el Congreso, Ricardo Sixto, que dijo que el ministro se estaba comportando como "un sheriff del Oeste".

Con todas las sedes revolucionadas con el asunto, el PP-A se lanzó también a la algarada. El secretario general del grupo, Rafael Salas, reclamó al presidente andaluz la destitución inmediata de Meyer por apoyar la acción del SAT. Según Salas, IU está "rompiendo la convivencia" y "riéndose de la ley". El PSOE, por su parte, hizo lo imposible para desmarcarse de la acción. El secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del PSOE, Antonio Hernando, fue el más tajante calificando de "barbaridad" el asalto y subrayó que su partido rechaza cualquier vulneración de la ley.