La consejera andaluza de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha asegurado que la sanidad de Andalucía atenderá con "normalidad" a los inmigrantes en situación irregular con problemas de salud, y no aplicará la "exclusión" que, en su opinión, pretende el Gobierno central. En una rueda de prensa para presentar un ensayo clínico con células madre, Montero ha afirmado que aún no ha recibido ningún documento del Ministerio sobre el cobro que se pretende aplicar a los inmigrantes, y ha avanzado que ha dado instrucciones a los centros para que se mantenga la misma atención que la dispensada hasta ahora.

En Andalucía se calcula que hay unos 30.000 inmigrantes irregulares, el 20% de los 150.000 que se estima que hay en España, y suponen el 0,6% de los pacientes que son atendidos en atención primaria, el 7% de los partos y el 1% de las consultas externas, lo que demuestra, según ha enfatizado Montero, que representan una "actividad muy menor" en el sistema. Los inmigrantes en situación irregular acuden poco al médico por su cultura y por miedo a que se ponga en riesgo su situación legal si van a un centro sanitario, ha subrayado la consejera.

Montero ha precisado que seguirán atendiendo de la misma forma a los inmigrantes por "humanidad", porque así lo recoge el Estatuto de Autonomía y porque el control sanitario de la población evita problemas posteriores de salud pública y la proliferación de enfermedades ya erradicadas en la comunidad. Además, ha dicho que es más "eficiente" atender una enfermedad en el principio de su evolución que más tarde, cuando supone más costes para el sistema.

La consejera ha defendido que la iniciativa del Gobierno supone una "exclusión" porque un inmigrante irregular de más de 65 años tendría que pagar unos 1.800 euros para recibir la atención sanitaria, algo "impracticable" para esa población "vulnerable".