La comisión que investigará a partir de este martes en el Parlamento los ERE fraudulentos de la Junta comenzará con las ausencias del ilocalizable ex alcalde de Cazalla de la Sierra, Ángel Rodríguez de la Borbolla, imputado en el caso, y de la ex consejera de Economía, Magdalena Álvarez, por problemas de agenda.

El ex alcalde se encuentra de viaje en el extranjero y no ha podido ser localizado y la ex consejera de Economía entre 1994 y 2004 no podrá asistir por problemas de agenda, ya que el día previsto para su comparecencia tiene una reunión en Luxemburgo del Banco Europeo de Finanzas (BEI), del que es presidenta. Estas dos ausencias suponen que ninguno de los dos comparecerán en la primera ronda de comparecencias que comienza este martes y que concluirá el 31 de agosto con las citaciones del presidente andaluz José Antonio Griñán y del ex presidente Manuel Chaves.

Junto a estas novedades, los grupos del PSOE e IU han acordado, con el rechazo del PP, que cada compareciente en la comisión de investigación pueda contar con una hora y media de intervención, exactamente la mitad de tiempo que tendrán los comisionados de los tres grupos para poder interrogarlos, según ha confirmado en rueda de prensa el presidente de la comisión, Ignacio García (IU). Los trabajos de la comisión comenzarán con serias diferencias entre el PSOE e IU, socios en el Gobierno andaluz, y el PP, que ha rechazado el formato elegido para regular los interrogatorios.

Según el acuerdo, cada compareciente podrá realizar una intervención inicial máxima de una hora. A continuación habrá un turno de preguntas y respuestas de veinte minutos por grupo, con posibilidad de un segundo turno de otros diez minutos, y finalizará con la alocución final de cada citado por otros treinta minutos si lo desea. Una estructura "equilibrada y racional", según García, que ha explicado que no se trata de un interrogatorio judicial sino de obtener la "máxima" información posible y que los grupos tendrán un "amplio protagonismo" en la elaboración "sin límites" de las conclusiones de la comisión.

El presidente ha recordado que todos los citados tienen la obligación de concurrir, salvo los casos justificados, para no incurrir en un delito de desobediencia, aunque los imputados pueden acogerse al derecho a no declarar. Este es caso, por ejemplo, de Antonio Diz-Lois, ex jefe de servicio de la Dirección General de Trabajo de la Junta, que se va a acoger a su derecho a no prestar declaración por ser "incompatible" con su condición de imputado ante la juez Mercedes Alaya.

García ha confirmado que toda la documentación solicitada ha llegado "en tiempo y forma", salvo la del ERE de la Franja Pirítica de Huelva y Sevilla, de la que ha dicho que ha llegado "todo" lo relativo a la Junta, pero "no" la parte del Gobierno central, aunque confía en que la comisión disponga en breve de esa información.

Los trabajos, que investigarán los ERE de la Junta entre 2001 y 2010, comenzarán este martes sobre las 09:00 con el ex parlamentario andaluz del PSOE Ramón Díaz Alcaraz, imputado como asesor de la Consejería de Empleo; el jefe de servicio de ese departamento Antonio Diz-Lois (12:00) y con Fernando Mellet, ex gerente de Mercasevilla imputado en los cuatro sumarios que investigan la gestión del mercado central sevillano (16:30). Pasados los 23 interrogatorios confirmados, la comisión de investigación se reunirá el 5 de septiembre para planificar el resto de trabajos que acuerden los grupos.