El Tribunal de Cuentas ha ordenado el embargo de forma preventiva de unos 106 millones de euros en acciones a los herederos del ex alcalde de Marbella, Jesús Gil. Los herederos de Gil son sus hijos María Ángeles, Jesús, Miguel Ángel y Fernando Gil Marín. La cuantía, la más importante recuperada hasta el momento por el Ayuntamiento marbellí, corresponde a fondos municipales que se emplearon pero no se justificaron durante los años de mandato del Grupo Independiente Liberal desde 1991 a 1999.

Entre las acciones incautadas destacan 9.000 de la entidad Club Financiero Inmobiliario S.A, 55.000 de la firma Amz S.A, 499 de Presidencia del Club Atlético de Madrid S.L, 8.298 de Myramco S.L o 9.000 de Promociones Futbolísticas S.A. La Sala de Enjuiciamiento del tribunal dictó a mediados en abril de 2011 una sentencia en la que se constataban desvíos de fondos municipales por valor de 66,5 millones de euros, que salían de las arcas municipales pero no llegaban a las sociedades municipales a las que, en teoría, se destinaban, cuantía a la que se añaden 39,1 de intereses.

La resolución señalaba como responsables directos a los herederos de Gil, fallecido en 2004. El fallo también condenó como responsables directos a los ex miembros del partido Grupo Independiente Liberal (GIL), Julián Muñoz, alcalde entre 2002 y 2004, a abonar al Consistorio 16 millones de euros; a Pedro Román a pagar 66 millones; a Antonio Luque, con 16 millones; a Rafael González, con 73 millones, y María Luisa Alcalá, con 7,4 millones. En el proceso también estuvo involucrada la ex concejal Dolores Zurdo, pero su participación en los hechos quedó desestimada.

Los 66,5 millones debían tener una finalidad pública y estar justificados con facturas. Al no poder probarse el destino de los fondos, el tribunal obligó a los herederos de Gil a responder con su patrimonio. El dictamen del tribunal, que está recurrido, fue la respuesta a una demanda de responsabilidad contable que presentó el Ministerio Fiscal en noviembre de 2005 y a la que se sumó el Consistorio en 2008.

Al no ser una sentencia firme, el Consistorio pidió en julio de 2011 un embargo preventivo sobre algunas acciones que figuraban en el inventario de bienes de los herederos de Gil. La petición fue denegada por la Sala dos meses después. El Ayuntamiento presentó un recurso de apelación ante el tribunal, que ahora ha prosperado, contra el que no cabe recurso y que obliga a embargar las participaciones de "las personas que el tribunal señala como responsables de que se pierdan 106 millones de euros", señaló ayer la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP). En cuanto haya una sentencia firme, el Consistorio subastará las acciones con cuyas cuantías devolverá parte de la deuda de las arcas municipales, de unos 500 millones de euros. "En cuanto haya un dictamen firme tenemos la seguridad de que disponemos de bienes con los que resarcirnos", apuntó el portavoz municipal, Félix Romero.

El Tribunal de Cuentas ha elaborado distintos informes de fiscalización sobre el mandato del GIL. El primero, que analizó la gestión entre 1991 y 1999, motivó que se realizaran dos más, uno para evaluar el período entre 1999 y 2003 y otro para los ejercicios desde 2003 a 2006. En todos se detectaron "clarísimas desviaciones de fondos que pertenecían a la ciudad", concluyó Muñoz.