Un episodio resume la primera semana de comparecencias de la comisión política que investiga los ERE irregulares en el Parlamento andaluz. El jueves, a última hora del tercer día de sesiones, la portavoz de IU, Alba Doblas, una diputada novata, estalla ante el viceconsejero de Empleo de 2004 a 2010, Agustín Barberá. Le reprocha, y lo hace extensible a todos los comparecientes anteriores, la "actitud cobarde", la "tomadura de pelo". Hasta entonces se han sentado como en el salón de su casa hasta ocho ex altos cargos socialistas en la última década. Ninguno responde a las preguntas de los diputados y se limitan a leer unas declaraciones exculpatorias. Los que están abajo responsabilizan de lo que haya pasado a sus superiores y los de arriba aseguran que son un eslabón independiente de la cadena: los centros directivos son autónomos para tomar decisiones. Nadie da nombres. Los ocho imputados se excusan de su silencio ante las posibles repercusiones que tengan sus palabras en la instrucción paralela de la juez Mercedes Alaya. Barberá, como todos los convocados también acompañado de su abogado, recuerda a Doblas el derecho constitucional que le ampara para no declarar.

Al día siguiente, viernes, hay un cambio de rumbo. Comparecen los dos consejeros de la época investigada (José Antonio Viera, 2000-2004, y Antonio Fernández, 2004-2010) y un viceconsejero posterior, Justo Mañas (2010-2012). Al fin hablan, pero de sus declaraciones no se extrae un solo detalle esclarecedor sobre la trama. Los tres tienen una dilatada experiencia, son animales políticos, correosos. Sólo a Viera le acorralan por momentos los diputados al no explicar con coherencia la base legal de las ayudas y el favoritismo en la entrega a de las mismas a particulares, empresas o ayuntamientos de la Sierra Norte. Fernández admite un par de horas después que no existía un registro de solicitud de las ayudas que se concedían a las empresas ni una norma publicada que regulase la concesión de las mismas. Para los ex consejeros, la legalidad del sistema se sustenta en la validación que le otorga que las partidas se aprobasen en el Parlamento, en las leyes anuales de Presupuestos; en la ausencia de alertas por parte de órganos fiscalizadores como las intervenciones o la Cámara de Cuentas, e incluso en el conocimiento de las ayudas por parte de organizaciones empresariales y sindicales y de los propios ayuntamientos, que demandaron acogerse a ellas.

Los diputados de PSOE, PP e IU interrogan a los comparecientes y la sala al fin cobra vida. Si al inicio de semana los grupos acuerdan tres horas en total por cada convocatoria, éstas apenas superan la hora. Los ocho primero comparecientes dejan caer en saco roto las preguntas, hasta que el viernes encuentran eco. En total, el PP ha formulado 463 preguntas, IU unas 330 y el PSOE 168 por escrito más otras 50 orales.

Precisamente la oralidad de las preguntas (un turno de 20 minutos más otros diez adicionales para cada uno de los grupos) entraña el primer obstáculo serio para una comisión ya de por sí cuestionada.

El primero de los comparecientes, Ramón Díaz Alcaraz, ex asesor de la Consejería de Empleo y ex diputado que tomó acta la pasada legislatura casi al mismo tiempo en que se destapó el escándalo, llega a amenazar con acciones jurídicas a sus ex compañeros, los diputados, si no le permiten marcharse tras concluir la lectura de su alegato inicial. Díaz Alcaraz, por consejo de su abogado, entiende que aguantar el interrogatorio puede llevarle a contestar "coaccionado", cuando ha expresado al inicio su voluntad de no declarar. El presidente de la comisión, Ignacio García (IU), suspende la sesión una hora y, con la intervención del letrado de la Cámara Plácido Fernández-Viagas, resuelve que la comparecencia comprende también las preguntas. Si el convocado abandona, puede incurrir en delito de desobediencia al entender que la comparecencia no ha terminado. Díaz protesta, ruega comprensión, pero al final se queda y oye las preguntas mientras consulta compulsivamente su teléfono móvil. Otros diputados siguen la estrategia, lo que levanta las sospechas de un pacto entre las defensas de los interrogados.

También el ex jefe de servicio de Empleo Antonio Diz- Lois pide marcharse y amenaza a los diputados por coacción. Pero ya hay precedente y no se le acepta. De todas maneras, se niega a declarar y así se repite, como una cinta rebobinada, en las siguientes comparecencias. Doblas se desespera.

También el consejero Fernández se niega en un primer momento a responder y amaga con las denuncias por coacción, pero al final habla, lo que puede ser una estrategia si alguna vez la juez le cuestiona por las respuestas que da: puede decir que respondió coaccionado. Fuentes jurídicas consultadas por esta redacción mantienen sus dudas sobre la decisión de que los comparecientes tuvieran finalmente que quedarse en la sala para escuchar las preguntas.

En paralelo a esta polémica se origina otra, política: el PSOE decide "respetar" el deseo de los comparecientes y formular las preguntas por escrito. El PSOE plantea esta opción que se descartó en la estructura de las comparecencias, donde se acordó la oralidad de las mismas y sin cuestionario previo. PP e IU desechan se niegan con el voto contrario de los socialistas, que mantienen su silencio y exigen que sus preguntas se recojan en el acta. Se hará, pero como un anexo.

La actitud que inicia el PSOE con Díaz la mantiene con otros ex cargos socialistas hasta que comparece Francisco Javier Guerrero, al que la Junta achaca en exclusiva la responsabilidad de la trama. El PSOE formula tres preguntas, una de ellas causa la hilaridad: si fue director general de Empleo entre 1999 y 2008. La pregunta se formula con la intención de separar a Griñán de su nombramiento, comentan fuentes socialistas. Guerrero deja las notas pintorescas con sus avatares y vicios preferidos, pero no declara.

Los portavoces de los grupos, salvo la transparencia del PSOE, intentan mellar la resistencia de los comparecientes. Si los socialistas han elegido a diputados rasos, el PP prepara a tres parlamentarios de su zona noble (Rafael Carmona, Rafael Salas y Teresa Ruiz Sillero) y el portavoz del grupo, Carlos Rojas. Los populares prosiguen con su campaña de acoso y derribo y cargan contra los comparecientes. Algunos interrogados se quejan de "intimidación". Los populares caen en la estrategia de siempre, en su obsesión: preguntan por la relación de Chaves y Griñán, sus únicos objetivos.

En medio de la disputa se encuentra IU, con Ignacio García como árbitro y sus portavoces José Antonio Castro y Alba Doblas, sorprendidos no sólo por las actitudes políticas, en especial de su socio de gobierno en la Junta, sino por las sospechas de un pacto entre los comparecientes que hagan de la comisión un sainete.

Otro elemento político se cuela en el debate: las ayudas a la Faja Pirítica de Huelva, un ERE en el que participó en 2002 el Gobierno de José María Aznar y por el que la comisión llama esta semana a declarar a tres comparecientes del PP: los ex ministros de Trabajo Javier Arenas y Eduardo Zaplana, y el ex delegado del Gobierno en Andalucía y actual alcalde de Sevilla y líder del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido.

El PSOE se queja toda la semana de que el Gobierno central no remite los expedientes a tiempo y evidencia su malestar incluso en el seno de la comisión. Una quincena de documentos llegan el viernes a mediodía, aunque nadie lo publicita.

Ésta será una de las patas en la que se articule el debate político esta próxima semana, en la que los imputados y sus negativas a declarar dejarán paso a políticos hábiles para llenar las tres horas de palabras. Entre ellos ex altos cargos de la Junta como Gaspar Zarrías, Francisco Vallejo, Martín Soler o Manuel Recio. No acudirá Magdalena Álvarez, que tiene una reunión en Luxemburgo, y al que se citará en una segunda ronda junto a Ángel Rodríguez de la Borbolla.

La semana al menos preludia diálogo, por lo que Alba Doblas puede quedarse tranquila en que habrá respuestas. Otra cosa será si aportan algo a la investigación y prestigian una comisión que soporta la sombra de paripé de verano. El PSOE se justificó argumentando que "queda comisión" y el PP vaticinó "sorpresas". El presidente de la comisión ha recabado informes a los servicios jurídicos sobre un eventual uso del sumario.

El punto fuerte será la presencia el viernes del ex presidente, Manuel Chaves, y del actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán. Pero también habrá que estar atento a un técnico, el interrogante de la comisión: el ex interventor general Manuel Gutiérrez, una persona clave en el control presupuestario de la Junta de 2000 a 2010, el periodo investigado, que puede hacer girar la rueda con consecuencias imprevisibles. Se verá.