Un caso práctico: unos padres que sólo consiguieron la razón ante el Tribunal Supremo por los daños cerebrales causados a su hija por una negligencia médica en un parto hubiesen tenido que pagar 11.300 euros al Estado en tasas judiciales.

Abogados, jueces, fiscales y procuradores se concentraron ayer en todo el país contra la modificación de la Ley de Tasas que el Gobierno central ya ha incluido en la Ley de Presupuestos del Estado para 2013. Abogados andaluces secundaron la protesta en las ocho provincias andaluzas y calificaron de "vergonzosa" una reforma que hoy continúa su tramitación en el Senado. Amenazaron que, en caso de que "suceda lo peor" y el Gobierno central termine aprobando esta Ley, interpondrán un recurso de inconstitucionalidad.

En rueda de prensa en Sevilla, el portavoz del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y decano de la institución colegial en Sevilla, José Joaquín Gallardo, explicó que la concentración supone el "último grito" en contra de una Ley "que vulnera el derecho de todos los ciudadanos a la tutela judicial efectiva" y que supone "un ataque frontal al Estado de Derecho".

La reforma de la ley contempla una subida generalizada de las tasas judiciales de entre 50 y 750 euros. El objetivo, explican desde el Gobierno, se basa en paliar la saturación de los juzgados y sufragar la justicia gratuita. La subida afecta a las tasas ya existentes para interponer una demanda o recurso en el orden civil, contencioso-administrativo y se aplicará también en lo social, en este caso, en recursos de segunda instancia, de súplica o de casación. Queda excluido el orden penal.

El Gobierno ya ha previsto en los Presupuestos de 2013 unos ingresos superiores a los 300 millones de euros.

Sin embargo, la reforma se ha topado con un fuerte rechazo en el ámbito judicial. Gallardo criticó la "insensatez legislativa" del Gobierno de Mariano Rajoy en este asunto y aseveró que además de "afán recaudatorio" se trata de "una motivación suficientemente maligna" con la que "se está tocando uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho".

Para el también vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española, un proyecto como éste "no lo habíamos visto nunca, ni en democracia ni antes de la democracia", y a ello se suma que el Ministerio de Justicia "ha llevado este proyecto en solitario, sin escuchar a nadie".

No obstante, y "si los peores augurios se cumplen", la Abogacía española presentará un recurso de inconstitucionalidad contra un proyecto que ha resumido con la frase: "o pagas, o no se mueve un papel".

Los abogados temen que el proyecto de Ley de Tasas no sólo irá contra el ciudadano de a pie, lo que "nos duele en el alma", sino que además reducirá en un 40% los pleitos que lleva cada letrado.

En Granada, más de medio centenar de abogados se concentraron frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la ley de tasas judiciales, que, a juicio del colectivo, impedirá el acceso a la justicia de un gran número de ciudadanos. Los letrados exigieron la retirada de este proyecto de ley de tasas.

El decano del Colegio de Abogados de Granada, Eduardo Torres, dijo que la concentración protesta contra una ley de tasas que "consagraría una injusticia absoluta", estableciendo "una justicia diferenciada para ricos y pobres". La ley "es absolutamente intolerable", en opinión de Torres, quien criticó que se busque la "excusa" de que con la recaudación se va a pagar el turno de oficio y la asistencia al detenido, pago que, a su juicio, debe salir de los Presupuestos Generales del Estado.

Torres avisó que si se aprueba, supondrá "un varapalo enorme primero contra los justiciables", a los que se les impedirá, el acceso a la Justicia, y en segundo lugar contra los profesionales de la abogacía porque conllevará una disminución de la litigiosidad.