Quince personas relacionadas con una decena de geriátricos de la provincia han comparecido como imputados durante la última semana ante el juez por estar implicados en un fraude contra la Junta de Andalucía y la organización Banco de Alimentos, según anunció ayer el jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil en la provincia, Luis Martín Velasco, dentro de lo que se ha bautizado como Operación Pócima.

Los hechos investigados consisten en el uso fraudulento de 66 tarjetas sanitarias de personas fallecidas para poder acceder a fármacos con receta y material sanitario por valor superior a los 9.000 euros y el uso de 144.000 kilos procedentes de la organización Banco de Alimentos, dedicada a la distribución de comida a las personas más necesitadas, para dar de comer a residentes de pago o concertados de estas instalaciones.

La primera fase de la investigación se inició hace un año al detectar la inspección de Salud que se seguían utilizando tarjetas electrónicas sanitarias de personas ya fallecidas. Los agentes consiguieron situar el origen de las tarjetas y relacionarlas con cinco residencias. La sorpresa se produjo cuando, una vez finalizada la operación, que implicaba a seis personas, nuevas tarjetas electrónicas de fallecidos volvían a funcionar.

Paralelamente, el familiar de un anciano que se encontraba en una de las residencias investigadas denunció en el cuartelillo de la Guardia Civil que los alimentos con los que les daban de comer estaban siempre al borde de la caducidad. Esto llevó a los investigadores a interesarse por el asunto, descubriendo que había personal de los geriátricos que retiraba alimentos tras firmaban un papel en el que se comprometían a no comerciar con ellos.

No comerciaban, pero lo cierto es que la comida donada por los ciudadanos para paliar la situación de familias en condiciones extremas era la materia prima de los almuerzos y cenas de ancianos que incluso llegaban a pagar 1.800 euros al mes por su estancia en estas residencias. En otros casos, las residencias se quedaban con cerca del 80% de las pensiones y el resto se sufragaba con conciertos con la Junta de Andalucía. Es decir, había dinero más que suficiente para satisfacer las necesidades de los residentes sin recurrir al Banco de Alimentos.

 Precisamente,  el Banco de Alimentos de la provincia, que ha colaborado en la investigación, emitió ayer una nota afirmando sentirse "víctima" de los responsables de varias residencias privadas de ancianos de Cádiz . La organización ha calificado de "desalmada" la conducta de las personas que han sido puestas a disposición judicial.

"El Banco de Alimentos es también víctima de estos hechos, al igual que las personas que estaban ingresadas en las residencias de ancianos (...) Confiamos en que la solidaridad ejemplar de la provincia no sólo se mantendrá pese a estos censurables hechos sino que se eleve ante la convicción de quienes ayudan con lo que tienen para que otros que pasan necesidades puedan cubrir aspectos básicos", añaden. 

Banco de Alimentos pidió expresamente a la Guardia Civil que difundiera los hechos por si se estuvieran produciendo situaciones parecidas en otras provincias, ya que la investigación que ha culminado con la Operación Pócima no ha descubierto conexión alguna entre  las distintas residencias implicadas. Es decir, se había convertido en una práctica fraudulenta que se estaba extendiendo sin la   existencia, propiamente dicha, de lo que cabría calificar como una trama.