El Pleno del Parlamento no debería aprobar el dictamen de la comisión de investigación de los ERE fraudulentos. Si le da luz verde, la Cámara hará pasar "a todos los andaluces la vergüenza de que toda España contemple cómo ratifica un bodrio del calibre que ha expelido la comisión de investigación". Este es el deseo, y hasta la recomendación, de Manuel Gómez Martínez, interventor general de la Junta entre 2000 y 2010 y señalado por la comisión, como responsable de modo indirecto, por no elevar un informe de actuación.

En una carta dirigida al presidente del Parlamento, Manuel Gracia (PSOE), Gómez Martínez -"agredido por una caterva de políticos cobardes y sin honor"- apunta al jefe del Ejecutivo andaluz, José Antonio Griñán, como uno de los responsables -junto con la actual consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo- que conociendo "las graves irregularidades descubiertas en la Consejería de Empleo nada hicieron para combatirlas; antes al contrario, cebaron sin descanso la corrupta partida presupuestaria de los ERE".

Gómez Martínez no menciona los apellidos de Griñán ni de Martínez Aguayo, pero escribe muy claro "los titulares de la Consejería y Viceconsejería" de Hacienda durante los años en los que se expandió el fraude. El ex interventor rechaza en la misiva a Gracia que tuviera la obligación de realizar un informe de actuación y defiende la advertencia que llegó a hacer hasta en quince ocasiones "de las irregularidades que se estaban produciendo en la gestión de las subvenciones del programa 31L y ninguno de los destinatarios de las auditorías hizo absolutamente nada durante casi diez años para corregirlas, cuando podían haber terminado con el nido de corrupción en 24 horas si hubieran tenido voluntad de hacerlo".

No sin virulencia en algunos de sus párrafos, Gómez Martínez sostiene en la carta a Gracia que al hacer caso omiso y no escuchar la voz de alerta sobre dichas irregularidades, la comisión ha puesto el foco en que Intervención no envió un informe de actuación. Para Gómez Martínez, después del informe jurídico de la Cámara de Cuentas y de la opinión de los tres últimos interventores generales, "quien quiera seguir engañando a los ciudadanos con esta añagaza del informe de actuación, deberá hacerlo en latín, porque en castellano sólo conseguirá embaucar a los tres crédulos diputados de IU" en la comisión de investigación.

El ex interventor, para quien la conclusión de la mayoría de la comisión sobre el informe de actuación podría ser calificada de "caprichosa, si no fuera porque es extraordinariamente nociva y perturbadora", critica que algunos de los miembros de la comisión acuñaran el "imaginativo concepto de menoscabo potencial de fondos públicos. Estoy seguro -dice Gómez Martínez en su carta- de que los gestores públicos y todos los ciudadanos agradecerán de verdad que los interventores hagan oídos sordos a semejante dislate, porque si decidieran ponerlo en práctica, toda la gestión económico-financiera del sector público de la Junta quedaría inmediatamente empantanada".

La impresión de Gómez Martínez es que "algún estratega de vuelo corto" pensó en "parapetarse" tras los interventores. Con su carta, el encargado de mirar con lupa las cuentas de la Administración autonómica durante diez años, abomina de la ley del silencio al escribir que "ni me callé ni me aguanté entonces, ni lo hago ahora ni lo haré después", porque es "la única conducta decente" ante quienes "para esquivar o encubrir las responsabilidades políticas, contables y penales derivadas del fraude de los ERE, no han dudado en manchar el crédito, la integridad y la dignidad de los profesionales que han trabajado a su servicio".

Gómez Martínez quiere hacer ver en su carta al presidente de la Cámara que "sería un sarcasmo que difícilmente entenderían los ciudadanos persistir en el reproche al interventor (...) mientras se ignora clamorosamente la incuria decenal de los sucesivos miembros del Gobierno de la Junta que con tan poco provecho e interés recibieron las auditorías, verdaderos responsables, por acción u omisión, del más vergonzoso caso de corrupción de nuestra historia". Un episodio, según Gómez Martínez, "digno de entrar con todo merecimiento en la Historia universal de la infamia.