La investigación del escándalo de los ERE se encuentra ante un nuevo hito que puede abrir la línea definitiva que buscaba la juez Mercedes Alaya y que está vinculada a las comisiones que cobraban los brókers o entidades mediadoras que intervenían con las compañías aseguradoras de las pólizas financiadas por la Junta de Andalucía.

En el marco de este nuevo rumbo de la investigación que lleva a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil -en la que se trata de averiguar nuevos delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales, entre otros-, la juez Ana Rosa Curra, que refuerza a Alaya mientras sigue de baja por enfermedad, ha encarcelado a un presunto testaferro, Juan Francisco Algarín, quien ha reconocido que trasladó sobres con dinero entre Mercasevilla y puntos cercanos a la Consejería de Empleo hasta las proximidades de la Delegación de Empleo en Sevilla.

Casi cuatro años después del inicio de las diligencias relacionadas con el intento de cobro de comisiones en la empresa pública Mercasevilla -que ya ha concluido con tres condenas por cohecho-, el círculo parece que se cierra, aunque aún se desconoce el destino final de la totalidad de los pagos relacionados con esas comisiones.

La Guardia Civil puso a la juez Alaya tras la pista de las comisiones de las entidades mediadoras hace más de un año, cuando remitió a la instructora un informe en el que aseguraba que junto a la deficiente gestión en la concesión de las ayudas públicas, la Junta había abonado gastos de mediación e intereses que se asumían "sin reparo" y que eran conocidos a nivel de viceconsejero. La Guardia Civil apuntaba entonces que se habrían pagado "comisiones elevadas a las mediadoras Vitalia y Uniter con el conocimiento" del director general de Trabajo y Seguridad Social" y uno de los principales imputados en la causa, Francisco Javier Guerrero.

Esas comisiones se abonaban presuntamente porque los brókers eran los únicos que podían conseguir que determinadas compañías de seguros "aceptaran el pago a plazos del coste de las primas de las diferentes pólizas, mediante las que se han ido haciendo efectivas las ayudas sociolaborales otorgadas", precisaba la Guardia Civil, que añadía que cuando se incumplían los calendarios de pagos pactados se generaban "cuantiosos intereses que eran asumidos sin reparo" por la dirección general de Trabajo de la Junta.

Con anterioridad a este informe, la propia juez Alaya ya había puesto el foco de atención sobre el cobro de comisiones excesivas por parte de las entidades mediadores como Vitalia, que había cobrado la cantidad de 964.204,66 euros en comisiones superiores a la media del mercado por tramitar los ERE de únicamente tres de las empresas investigadas: Calderinox, Río Grande y Acyco. Para la juez, resultaba "inaudito" que la Junta admitiera estos sobrecostes, que en algún caso superaban hasta en un 20,51% la media del mercado.

La propia empresa pública Mercasevilla, cuya investigación por el intento de cobro de comisiones constituye el germen de la causa de los ERE, ha llegado incluso a denunciar en dos ocasiones el cobro de comisiones igualmente millonarias, por importes de casi tres millones relacionados con los expedientes de regulación de empleo que se tramitaron en esta sociedad en los años 2003 y 2007. Una de estas denuncias advierte que la compañía aseguradora incluyó el gasto de un millón de euros en concepto de "gastos de adquisición (comisión)", y que situarían la comisión abonada en un 20% de la prima, una cifra que supera con creces las cantidades pactadas con otra aseguradora.

En el ERE de 2007, la nueva dirección del Mercado Central de Abastos de Sevilla detectó otras comisiones de 1,9 millones, lo que supone un 22,5% de la prima, que ascendía a más de nueve millones de euros.

Las comisiones excesivas y los sobres con dinero que han surgido en la investigación apuntan nuevas conexiones entre las mediadoras y el que fuera responsable de la dirección general de Trabajo durante casi una década.

Alaya atribuyó en abril de 2012 al director general de Vitalia, Antonio Albarracín, el "presunto pago de dádivas" efectuado a Francisco Javier Guerrero, como "contraprestación a los servicios" encargados en nombre de la Consejería de Empleo, según apuntaba la instructora en un auto.

La pista sobre el posible pago de comisiones al ex director de Trabajo la aportó en su declaración el ex chófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo, quien antes de ser enviado a prisión aseguró a la instructora que en el año 2007 acudió en dos ocasiones a Madrid para recibir de manos de Antonio Albarracín sendos sobres que contenían una importante cantidad de dinero dirigida al entonces responsable de Trabajo. Según Trujillo, en ambas ocasiones, una de ellas en la estación de Atocha, el director de Vitalia le entregó un sobre de un tamaño folio doblado por la mitad que contenía más de dos dedos de grosor en billetes grandes.

Esta declaración coincide con la que ahora ha prestado el testaferro detenido esta semana, quien ha señalado que una vez se desplazó a Madrid para entregar dinero a Albarracín.

La Guardia Civil, en un informe de octubre pasado, antes de que se declarase el secreto de sumario en el caso de los ERE, puso de manifiesto la existencia de al menos tres empresas de mensajería -Atrado mensajería, Estudios Agenciales y Distripack Transporte Urgente- que podrían haber sido utilizadas como "empresas pantallas", situando al supuesto conseguidor de los ERE, el ex sindicalista Juan Lanzas, como el ideólogo del sistema.

Los investigadores señalaban que esta operativa "podría estar encaminada a la intención por parte de Juan Lanzas, Estudio Jurídico Villasís y el holding Vitalia" de emplear estas sociedades como pantallas para introducir en el circuito financiero el dinero de las "sobrecomisiones" de las pólizas. El informe recogía un listado de movimientos bancarios y cheques por importe de más de 1,5 millones que habrían recibido los presuntos testaferros vinculados a estas empresas de mensajería.

Algunas fuentes apuntan a que la detención de Juan Francisco Algarín supone sólo el inicio de una nueva ronda de arrestos vinculada a esta nueva vía de blanqueo de capitales derivada del escándalo de los ERE.

Ya sólo queda que los investigadores concreten el destino final de esas sobrecomisiones.