La Cámara de Cuentas de la comunidad revela en un reciente informe que las obras del Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (Pista) retrasarán su ejecución otros cinco años o más, hasta el año 2017 en adelante porque es imposible terminarlas en el periodo inicialmente aprobado: entre 2007 y 2013.

Entre las obras afectadas por los enormes recortes y ajustes de presupuesto se incluyen el eje ferroviario transversal que debía conectar la región de un extremo al otro por Alta Velocidad (de Antequera a Sevilla), los tranvías y metros andaluces, así como las actuaciones en carreteras.

Este plan de infraestructuras preveía un gasto total de 30.042 millones de euros repartidos entre el Estado (21.907 millones de euros) y la Junta de Andalucía (8.134,50 millones de euros). La capacidad inversora de la Junta y del Estado en obras de infraestructura ha caído a niveles impensables en 2007.

Las obras del eje ferroviario transversal se suspendieron temporalmente y se trasladaron sus compromisos de gastos más allá de 2016. En el caso de las otras inversiones ferroviarias, los compromisos se ajustan mayoritariamente a partir de 2013.

Según el informe de fiscalización de las inversiones reales de la Junta de Andalucía en infraestructuras, hasta finales de 2011 el plan se había cumplido en un 60% y tenía pendiente de ejecución 3.275 millones de euros por parte de la administración andaluza. Esa cifra se obtiene de restar los 8.134,5 millones que debía haber gastado la Junta en el plan de infraestructuras entre los años 2007 y 2013, si bien hasta finales de 2011 había ejecutado únicamente 4.859,3 millones. El documento puede consultarse en www.ccuentas.es.

La Junta ha reprogramado los plazos de ejecución de los contratos y notificado suspensiones temporales de obras ya que los contratos inicialmente firmados se han incumplido al no ejecutarse las obras. Estas reprogramaciones suponen acumular retrasos en la realización de las inversiones que, según los casos, superan los 6 y 7 años. La competencia de la ejecución de este plan corresponde a la Consejería de Fomento y Vivienda como responsable de la política de infraestructuras de transporte.

La suspensión y la resolución de contratos han provocado la presentación de reclamaciones por parte de los contratistas de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía que, junto a otros conceptos reclamados, han supuesto un importe global de, al menos, 83,41 millones de euros.

El informe se ha centrado en las inversiones ejecutadas por la entidad instrumental de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, por ser la que ejecuta el mayor volumen de gasto.

De los 1.337,36 millones de euros de compromisos de gastos plurianuales de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía respecto a sus contratistas, un total de 897,29 millones de euros (más de dos tercios del total) se concentran a partir del ejercicio 2017.

De los gastos en "viario" (carreteras) se ha ejecutado un 74,65%, mientras que los "ferroviarios" se han cumplido en un 43,82%.

El informe fue aprobado por unanimidad por el Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía en su sesión del 27 de noviembre pasado. Su objetivo es el análisis de las inversiones reales desde una perspectiva evolutiva y presupuestaria. Para ello, se ha considerado el periodo 2007-2010 y, siempre que ha sido posible por la disponibilidad de datos, se ha tomado también el ejercicio 2011.

El plan de infraestructuras es de inversiones e incluye gastos de capital y gastos corrientes. En el ejercicio 2011, este gasto corriente supuso 81,49 millones de euros, lo que representa el 13,57% de los 600,56 millones ejecutados ese año.

Incumplimientos. Por otro lado, la Cámara de Cuentas apunta en su informe (al hablar de compromiso de gastos de ejercicios futuros) a "incumplimientos" de los principios de contabilidad pública (previsto en el artículo 9.1.g) de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía) y del principio de plurianualidad (contemplado en el artículo 4 de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria) al no aparecer reflejados ni registrados ciertos compromisos de pago por obras en el presupuesto de la Junta de infraestructuras.

La consejería tiene gastos de carácter plurianual comprometidos hasta 2011 por importe de 1.092,64 millones que deberán generar obligaciones en los ejercicios 2012 y siguientes. Según el informe de la Cámara, esos "compromisos pendientes de traspasar, tanto de anualidades como de remanentes, son gastos que no aparecen registrados en ningún estado contable y, por tanto, podrían no ser incluidos en el "estado de los compromisos de gastos adquiridos con cargo a ejercicios futuros", según prevé el artículo 106.c) de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta.

"Estos compromisos, al no aparecer registrados en la agrupación presupuestaria de ejercicios futuros ni en ninguna otra, podrían suponer el incumplimiento del artículo 40.9" de la Ley de Hacienda Pública de la Junta, que establece que los compromisos de gastos de carácter plurianual "deberán ser objeto de adecuada e independiente contabilización". La Agencia de Obra Pública tiene 1.108,63 millones de euros en compromisos de gastos plurianuales por obras adjudicadas, que no están previstos por la consejería.