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Andalucía

IU denuncia que la Policía elabora "listas negras" de sus dirigentes

  • Un informe refleja los datos personales de seis dirigentes tras asistir a una manifestación

La parlamentaria de Izquierda Unida, Alba Doblas, denunció ayer la existencia de "una lista negra" con datos personales de seis dirigentes de la organización, realizada por un inspector de la Brigada de Información y remitida a la Subdelegación del Gobierno por el anterior comisario provincial de Córdoba, Francisco Perea. El documento señala los nombres y apellidos pero también datos como el documento nacional de identidad, la dirección y los nombres del padre y la madre de cada dirigente, que asistieron a una marcha por la enseñanza pública celebrada en 2012.

Varias personas fueron denunciadas porque la concentración no había sido comunicada, aunque este tipo de actos no necesitan de autorización previa, según la Constitución. Una de ellas, dijo Doblas, llegó a la Subdelegación del Gobierno a consultar su expediente y se le facilitó el documento, que obra en poder de IU, con datos personales de estas personas. Son la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés; la propia Doblas; el secretario político del Partido Comunista y senador, José Manuel Mariscal; el coordinador provincial de IU y representante del vicepresidente de la Junta, Pedro García. El informe refleja los datos de 27 participantes en la marcha y seis dirigentes de IU.

La cuestión es que, dice Doblas, ningún agente identificó a los cargos de IU, ni se les requirió ninguna información y no hubo avisos para advertir que se estuviera cometiendo cualquier tipo de irregularidad. La denuncia de IU tiene dos vertientes: por qué están sus datos en el documento de la Brigada de Información si ni siquiera se le abrió un expediente sancionador y por qué se difunden si no existe relación alguna. En esta misma marcha, se sancionó a una persona, también cargo de IU, que no pudo participar en la marcha porque a esa hora se encontraba en el Consejo de la Juventud.

La Subdelegación del Gobierno señaló que en todos los procedimientos sancionadores que se incoan por la organización de manifestaciones y concentraciones no comunicadas en tiempo y forma se respeta "escrupulosamente la legislación".

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