El sector inmobiliario y turístico andaluz está que trina. Los promotores se han agarrado a los inversores extranjeros como a un clavo ardiendo para comercializar el stock y salvar su escasa liquidez, algo que le ha dado vida en los últimos meses hasta el punto de que la venta de viviendas a extranjeros se incrementó el pasado año un 24% en la comunidad autónoma. Se ha conseguido regresar al nivel de 2008 pese a las continuas noticias de corrupción e inseguridad jurídica que aparecen, un día sí y otro también, en la prensa internacional. Pero esa gallina de huevos de oro se puede acabar.

La causa no es otra que las numerosas exigencias que el Ministerio de Hacienda impone tanto a los extranjeros ya residentes como a aquellos que piensen adquirir un inmueble en la región dentro de la ley contra el fraude fiscal que se aprobó el año pasado. Entre otras cosas, se reclama a los inversores que declaren todos los bienes que tengan en el extranjero, siempre que sean superiores a 50.000 euros, y hasta que firmen un papel en el que aseguren que no van a delinquir en el futuro.

"Eso es horroroso. Están espantando a los inversores y va a venir mucha menos gente a comprar. Es otro palo más para el sector", denuncia José Prado, presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, quien critica que, con la declaración de licitud de las actividades futuras, "están insultando a la gente y tratándola como si fueran chorizos". "Es una bofetada en toda regla y no entiendo a quien haya inventado esto. Vamos a no vender nada otra vez y encima con problemas que nos creamos nosotros mismos", añade este promotor.

El llamado turismo residencial se extiende principalmente por la franja costera aunque es especialmente significativo en Málaga, una provincia que el año pasado acaparó casi el 70% de las compras realizadas por extranjeros en la región. Ramón Dávila preside la Asociación de Empresas de Turismo Residencial, Turismo Deportivo y Turismo de Salud de Andalucía (Promotur) y tampoco ve lógica estas medidas. "Es una vuelta de tuerca más para hacer más difícil el turismo residencial en España. La presión fiscal sobre la inversión extranjera en este país está llegando a unos límites que desaniman a los inversores", comenta Dávila, quien duda de la eficacia de la ley. "Asustan mucho a los extranjeros para nada porque al final tendrá muy poca trascendencia en la recaudación fiscal. Solo pretenden dar apariencia, pero en realidad es un perjuicio para nuestra economía. Después nos extraña que se abandonen proyectos o se efectúen desinversiones", asegura. El Ministerio de Hacienda señala que han aflorado, en las declaraciones de extranjeros realizadas entre el 1 de febrero y el 30 de abril, más de 40.000 millones de euros.

"El turismo residencial es uno de los baluartes que tenemos para hacer frente a la crisis y esto, si no se modifica, hará daño". Lo dice Arturo Bernal, gerente del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, quien subraya que "cada país tiene que mirar sus negocios y no podemos lanzarnos a pecho descubierto en esta materia, que es muy sensible".

Una de las nacionalidades que está en el punto de mira es la rusa, pues el número de inversores y turistas de este país en España está multiplicándose a un ritmo vertiginoso en los últimos años. Su cónsul en Andalucía, Esther Morell, cree que las nuevas exigencias de la ley antifraude son "algo que incomoda", pero subraya que "hay que someterse a los rigores y controles de cada país y el que lo tenga todo en regla no tendrá problema". En su opinión, más que de los controles, los rusos se quejan de la imagen negativa que se ha creado en torno a este colectivo sobre supuestas mafias, dinero negro, fraudes o dificultad de visados. En la misma línea está José Antonio Pérez, experto inmobiliario y subdirector del Instituto de Práctica Empresarial, quien considera que "obviamente es una traba, aunque será solo más burocracia para el que no tenga nada que ocultar".

El mal de unos puede ser una bendición para otros. Por ejemplo, para los establecimientos turísticos de régimen compartido, que ofrecen todas las comodidades de una vivienda pero sin tener que comprarla. Ovidio Zapico, vicepresidente de la patronal RDO, afirma que "nos interesaría mucho ofrecer a esos posibles compradores la opción del tiempo compartido porque les puede resultar muy atractivo. Tienen todos los beneficios de una segunda residencia pero sin esas obligaciones". La Costa del Sol es el segundo destino español, tras Canarias, con mayor número de establecimientos de este tipo, el año pasado atrajo a más de 800.000 personas y puede ir a más.