Las sospechas sobre los pagos de las consultoras a los entornos de UGT y CCOO siguen centrando las últimas actuaciones en la investigación del escándalo de los ERE fraudulentos. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la juez Mercedes Alaya que amplíe la investigación sobre los más de 7, 6 millones de euros que fueron abonados a las empresas vinculadas a UGT y CCOO, y que recabe los servicios realizados por estas sociedades "factura a factura", con indicación del tiempo y de las personas empleadas en dichos trabajos.

En un escrito remitido por la Fiscalía Anticorrupción al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el Ministerio Público solicita que se oficie a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que aporte la relación de las entidades y empresas perceptoras de dichas cantidades, y que esta relación sea enviada a los peritos de la Agencia Tributaria que están auxiliando al juzgado para que informen sobre las "operaciones que conste en sus bases de datos entre dichas entidades y empresas y todas aquellas sociedades o asociaciones que han sido beneficiarias de ayudas sociolaborales y ayudas a empresas".

La Fiscalía también reclama que se requiera a los representantes de las empresas que recibieron los pagos para que "aporten al juzgado justificación documental de los servicios a los que se corresponden dichos pagos, de forma detallada: factura a factura, contrato, con indicación de los trabajos -duración, lugar, periodo...- y personal empleado.

Esta petición de Anticorrupción se produce después de que la Guardia Civil informara en un atestado incorporado a la parte secreta de la causa de que las mediadoras de las pólizas abonaron entre 2001 y 2009 más de 7,6 millones de euros al entorno de las organizaciones sindicales. La UCO señalaba en concreto que Vitalia transfirió 4.291.384 euros a los entornos de UGT y CCOO, mientras que desde Uniter se destinaron 3.253.031 euros, y 104.400 euros desde el bufete de abogados sevillano Estudios Jurídicos Villasís. En total, la Guardia Civil apuntaba que los pagos ascendían a 7.648.815,71 euros, aunque advertía que la cifra podía ser incluso "mayor que la expresada".

El atestado de la Guardia Civil mostraba una "duda muy razonable" respecto a que fuese real la facturación de los sindicatos por la denominada "toma de datos" de los trabajadores afectados en los procesos de reestructuración de las plantillas, puesto que ese trabajo lo hacían las consultoras.

En el escrito remitido al juzgado, Anticorrupción también plantea nuevas diligencias en relación con las operaciones realizadas por algunos de los imputados con distintas cuentas bancarias relacionadas con el conseguidor de los ERE Juan Lanzas y el bufete Estudios Jurídicos Villasís. Así, la Fiscalía pide a la Guardia Civil que aporte una relación detallada, por entidad y sucursal, de las cuentas bancarias utilizadas por los imputados para el cobro y posterior distribución de las cantidades recogidas en las diligencias policiales, y que se oficie al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) para que informe sobre las "denuncias, reportes y cualquier actuación de las que haya tenido conocimiento" sobre estas cuentas y también pide los datos de director e interventores de las sucursales bancarias.