Un ejemplo más de colisión entre administraciones, en este caso con un tema delicado de fondo: los recortes en las nóminas en el sector público. El Parlamento de Andalucía diseñó su propio plan de recortes con el objetivo de no suprimir la paga extraordinaria de Navidad de sus trabajadores, una medida contraria a las disposiciones del Gobierno Rajoy, pero que los letrados del Parlamento consideraron que podían saltarse amparados por la autonomía de gestión que recoge el Estatuto para la institución parlamentaria. De esta forma, el Parlamento ingresó a sus empleados públicos la paga extraordinaria de Navidad del pasado diciembre, pese a las disposiciones del Gobierno Rajoy (Real Decreto Ley de 13 de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad) que suprimió esta asignación salarial a todos los trabajadores del sector público en España. Esta paga extraordinaria fue ingresada a los trabajadores del Parlamento propiamente dicho y a los de sus órganos vinculados: la Cámara de Cuentas y el Defensor del Pueblo Andaluz. Los altos cargos sí están excluidos de la paga extra.

El servicio jurídico del Parlamento, según ha podido confirmar este periódico, consideró en su momento que el Parlamento -cuyos fondos proceden directamente de la Junta de Andalucía- es una institución que goza de autonomía suficiente a la hora de gestionar su presupuesto y tomar medidas de estas características de acuerdo con el artículo 102.1 del Estatuto de Autonomía: "El Parlamento goza de plena autonomía reglamentaria, presupuestaria, administrativa y disciplinaria". De acuerdo con este precepto, los servicios jurídicos del Parlamento consideran que a la institución parlamentaria no le obligan las disposiciones adoptadas para las administraciones territoriales.

Fuentes sindicales del sector confirmaron a este periódico que, efectivamente, estos empleados públicos recibieron esta paga extraordinaria, frente a los restantes de la Administración autonómica, a los que sí fue retirada. Las mismas fuentes sindicales declinaron cualquier tipo de valoración al respecto, alegando que en ningún caso puede parecerles negativo que un empleado mantenga sus derechos adquiridos, precisando que cualquier acción a este respecto iría encaminada a conseguir que no se apliquen más recortes por parte de ninguna administración a todos los trabajadores públicos.

Las medidas de recortes salariales que afectan a los empleados públicos del Parlamento están reflejadas en el acuerdo de la Mesa de 5 de julio de 2012 sobre "retribuciones de los diputados y ex diputados del Parlamento de Andalucía, Defensor del Pueblo Andaluz y sus Adjuntos, Presidente y Consejeros de la Cámara de Cuentas de Andalucía" (Boletín Oficial del Parlamento, número 39). Los empleados públicos del Parlamento y de los dos órganos vinculados a esta institución sí vieron recortadas sus nóminas a partir de julio con carácter indefinido entre un 4,25% y un 5,25%, dependiendo de la categoría laboral.

Fuentes vinculadas al Parlamento admitieron que el debate jurídico está abierto en torno a si el decreto-ley del Gobierno sobre los recortes prevalece o no sobre la autonomía de gestión que el Estatuto concede a la institución parlamentaria.