EL sumario del caso de los ERE aún guarda más elementos para sustentar la tesis de que la mangancia fue organizada por una trama de abogados y compañías de asesoramiento de seguros -las llamadas intermediarias- a los que alguien les abrió la puerta de los fondos disponibles en la Junta de Andalucía, que se repartían mediante un convenio cuya regulación estaba mucho más cerca de la arbitrariedad que de la discrecionalidad. Para el próximo miércoles, la juez instructora, Mercedes Alaya, ha vuelto a citar a Antonio Albarracín, el que fuera director de Vitalia, en libertad después de pagar una fianza de 600.000 euros, y acumulador de 22 inmuebles. Una de las figuras clave de este escándalo, al que se sumaría su socio Juan Lanzas, conectado desde UGT con la administración andaluza; Carlos Leal Bonmati, abogado que ya aprendió en Madrid cómo funcionaba esto de las reconversiones industriales, y Francisco Javier Guerrero, el director general de Empleo que manejaba a su antojo los fondos de la partida 31L.

En un correo electrónico que se encuentra en el sumario de los ERE se atestigua que Albarracín no sólo abría abierto la puerta de la Junta de Andalucía, sino también la de otras administraciones autonómicas como la valenciana, dirigida desde hace décadas por el PP. Si a sus socios en Andalucía les llamaba "los señores del Sur", y para ellos solicitaba transferencia de fondos para seguir alimentando el negocio, Vitalia también actuaba en Valencia, en el País Vasco y en Cataluña. En dicho correo electrónico se lee: "Una vez que Vitalicio nos paga al completo al resto de la comisión pendiente (...), 'la maquinaria del País Valenciano' me reclama los 19.468 euros que le correspondía por toda la póliza".

El testimonio de Albarracín es básico para que la juez Alaya componga todo el puzle del caso de los ERE y siga avanzando en la persecución del rastro del dinero: quizás, así, llegue a una escala más alta que la de un simple director general, Francisco Javier Guerrero. En el caso de que éste fuese el ex consejero de Empleo José Antonio Viera -el otro, Antonio Fernández, está imputado y pasó por prisión-, cada día de demora se convierte en argumento para que reclame su indefensión. "¿Y qué hago con Viera?", cuentan que preguntó Mercedes Alaya hace pocas semanas a una instancia superior. La respuesta fue más o menos la siguiente: usted, sabrá, señoría, que para eso es soberana en su juzgado.

La instrucción de los ERE no sólo puede contener errores de la juez Alaya, hay apreciaciones de la Guardia Civil, que actúa como policía judicial, que abren serias dudas. Por ejemplo, Francisco Javier Guerrero fue encarcelado por segunda vez al constatar que recibía transferencias mensuales de Vitalia. Sin embargo, en su contabilidad no se aprecia tales ingresos, y aún desconocemos si esa fue la causa de su repentina salida de prisión.

En el sumario del caso también se menciona al ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete. En uno de los folios de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se destacan los ingresos y los pagos más importantes de una de las dos mediadoras, Uniter, con sede en Jerez. Dos pagos son a sendos letrados muy conocidos de la ciudad. Uno de ellos es Ignacio Vergara Ivison, que fue decano en su día del Colegio de Abogados de Jerez, al que se le ingresó 85.816 euros por una consultoría de Uniter, y al que alguien de la investigación ha puesto entre paréntesis: "concejal del PP, vinculado al ministro Arias Cañete". Vergara nunca ha sido concejal de este Ayuntamiento, es posible que conozca a Arias Cañete, con domicilio en esta ciudad, pero sus vínculos no son, precisamente, con este político. Al citar otro pago al abogado José Luis Coveñas por la misma cantidad se vuelve a relacionar con Vergara Ivison y con el ministro Miguel Arias. Hay, pues, errores de bulto en esta investigación que bien deberían ser atendidos por la instructora Alaya.