El representante de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en Andalucía, Martín de la Herrán, ha presentado este martes una denuncia en la Fiscalía de Sevilla contra el secretario general de UGT-A, Francisco Fernández, y su antecesor, Manuel Pastrana, así como otros dos representantes sindicales, y la Junta de Andalucía, en relación con el caso de las presuntas facturas falsas con las que se pagaron comidas y fueron justificadas en las subvenciones concedidas para esta organización.

Además de Fernández y Pastrana, la denuncia incluye a la secretaria de administración de UGT, Pilar Orellana, y al vicesecretario Federico Fresneda, y considera que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones.

El líder de UPyD, abogado de profesión, solicita al Ministerio Público que, en el caso de que estos hechos ya estén siendo investigados por el juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla –que abrió unas diligencias previas a raíz de una denuncia similar del sindicato Manos Limpias-, remita la denuncia a este órgano judicial para que este partido político pueda personarse como acusación.

UPyD pide a la Fiscalía la práctica de diligencias encaminadas a dilucidar si la Junta podría haber incurrido en responsabilidad penal por "negligencia u omisión en el debido control de los fondos públicos y su destino (máximo al tratarse de fondos finalistas), por parte del funcionario correspondiente”, ya que la denuncia se dirige igualmente contra los responsables en la “gestión y tramitación de las subvenciones" concedidas por la Administración autonómica a UGT.

Martín de la Herrán ha dicho este martes a los periodistas, antes de presentar la denuncia, que UPyD tenía que tomar una "posición activa para perseguir la corrupción" y poner los hechos en conocimiento de la Justicia. El dirigente político ha señalado que este caso puede haber incluso un "plus de penalidad" porque se trata de fondos de la Unión Europea y puede haber una negligencia por parte de la Junta en el control del destino esas ayudas, al tiempo que puntualizó que si la Administración ha abierto una investigación interna está "admitiendo responsabilidad en su propio control" de las subvenciones.

La formación política denuncia, en concreto, una factura de 12.716,23 euros correspondiente a una cena para 150 personas en la Feria de Abril de 2010 y que fue justificada en el marco de la subvención de 700.000 euros abonada al sindicato para "manutención y alojamiento" de miembros sindicales implicados en negociaciones colectivas.

También se incluye el pago de 5.428 euros en concepto de "diseño y rotulación del bus de la huelga", en alusión a la huelga genera del 29 de septiembre contra el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, para cuya promoción UGT-A habría encargado la rotulación de un autobús que recorrería diversas localidades andaluzas para animar a los trabajadores a secundar el paro. En la factura se cambió el concepto por el de “publicidad de los programas de desarrollo de acciones de Formación Profesional para el Empleo dirigidos a personas desempleadas", si bien en la factura seguía apareciendo el concepto inicial de "bus de la huelga” junto al de "publicidad y acciones formativas". El cargo se realizó a los gastos de un curso para la formación de monitores de educación ambiental, detalla la denuncia.

Otra de las facturas se refiere a la adecuación del pabellón de San Pablo para la celebración de la asamblea regional de delegados sindicales de UGT y CCOO el 21 de enero de 2011 con cargo a los fondos destinados a la defensa legal de trabajadoras discriminadas laboralmente por razón de sexo, provenientes de la Consejería de Igualdad. El concepto de esta factura, por importe de 11.499,10 euros, fue cambiado por el de “publicidad servicio de asesoramiento jurídico y defensa procesal a mujeres en caso de discriminación laboral por razón de sexo 2010”. El denunciante señala que a defensa legal de mujeres discriminadas por este motivo es un servicio gratuito costeado con fondos de la Consejería de Igualdad y gestionados por el Instituto Andaluz de la Mujer, en colaboración con los sindicatos UGT y CCOO.

De otro lado, Martín de la Herrán se pronunció sobre la decisión de la juez Alaya de plantear la preimputación de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, al afirmar que en este caso se parte de una "situación injusta, que unos ciudadanos tengan aforamiento", una figura que, en su opinión, "sobra y debe suprimirse". El líder de UPyD en Andalucía aprueba el auto de Alaya y también consideró razonable que la Fiscalía recurra la decisión al estimar que existe falta de motivación.