Una nueva orden de la Consejería de Fomento y Vivienda que previsiblemente se publicará hoy en el BOJA regulará el programa de intermediación en el mercado de alquiler de viviendas de la Junta de Andalucía. Tras el palo, en forma de expropiaciones y sanciones a las entidades financieras, llega la zanahoria, dirigida a los particulares. La Consejería que dirige Elena Cortés (IU) tiene el objetivo de incentivar a los dueños de viviendas vacías a que pongan sus propiedades a un precio asequible para su arrendamiento. El límite máximo al que podrán alquilar las casas será de 7.200 euros al año, es decir, 600 euros al mes. A cambio, la Junta concertará pólizas de seguro de impago de renta de alquiler, defensa jurídica y multirriesgo del hogar para seducir y tranquilizar a los posibles interesados.

La Junta actuará de intermediaria y el trabajo a pie de calle será de los agentes colaboradores (bien agencias del fomento del alquiler, administraciones o inmobiliarias) que difundirán este programa a los interesados y captarán casas para que se incluyan en el programa.

Un requisito fundamental es que la vivienda haya estado desocupada en los seis meses anteriores. La Junta pretende que aflore el patrimonio inmobiliario que se encuentra vacío. La medida no está tanto dirigida a quienes ya participan de una forma habitual en el arrendamiento. Los inquilinos saldrán de los registros municipales de demandantes de vivienda.

La Junta espera captar entre este año y 2014 a 1.500 propietarios de casas vacías (375 viviendas en 2013 y 1.125 en 2014) en la comunidad andaluza. Así, ha presupuestado 99.375 euros para este año y 397.500 euros para el próximo para el contrato de pólizas de arrendamiento, a lo que suman 298.125 euros en 2015. No obstante, fuentes de la Junta exponen que la medida es un proyecto piloto y su presupuesto estará sujeto al recibimiento que obtenga de los propietarios.

Este programa supone una variación en cuanto a la política que ha seguido la Junta. Las Agencias de Fomento del Alquiler cobraban a los inquilinos por hacer esta gestión, práctica con la que se acaba. En los últimos años el cebo de la Junta para los propietarios fue una subvención de 6.000 euros anuales, una ayuda sujeta a disponibilidad presupuestaria y que en los últimos ejercicios ni siquiera se pagó. Este plan está parado desde 2010.

Ahora se retoma con modificaciones. La ayuda de la póliza no será para cualquier alquiler, sino para aquellas casas deshabitadas los últimos seis meses. El pro pietario interesado en incluir una vivienda en el PIMA (iniciales de Plan de Intervención en el Mercado del Alquiler), se dirigirá a una entidad colaboradora, quien comprobará los requisitos, informará sobre la viabilidad de la persona arrendadora y, de ser favorable, presentará la petición ante la delegación provincial de la Consejería. Están excluidas del programa las viviendas protegidas. La Junta también se hace cargo de la certificación energética si el inmueble no lo posee. En tres días el propietario tendrá la contestación.

El techo de renta de alquiler ha sido objeto de debate entre los autores del proyecto. Descartada la opción de establecer distintos coeficientes, se ha optado por un techo máximo independientemente de la relevancia territorial del municipio de 600 euros al mes, el precio máximo al que se podrán alquilar las viviendas. Los agentes colaboradores, que tendrá un listado de los demandantes de vivienda por municipios, comunicará a éstos la entrada de inmuebles disponibles.

Además, se abre la puerta a la cesión de viviendas de entes públicos para el alquiler. La Junta propone a las administraciones que les ceda sus casas para destinarlas a familias con menores ingresos, especialmente entre los que se encuentran en riesgo de exclusión. La Junta destinará estas casas a alquileres social y como contraprestación ofrece un pacto sobre la gestión, mantenimiento, conservación y reparación de desperfectos, así como el aseguramiento del cobro de la renta. El importe máximo que percibirían sería el 80% de 7.200 euros, 5.760 euros en total. Esta medida también supone un proyecto piloto.

En Andalucía existían 637.221 viviendas vacías en 2011, según el último censo del Instituto de Estadística. La mitad serían de bancos.