Las defensas personadas en el sumario de los ERE fraudulentos parecen haber encontrado un punto débil o una vía de ataque claro a la instrucción que desarrolla la juez Mercedes Alaya, a la que critican el retraso de la Guardia Civil en incorporar determinadas declaraciones y documentos, y a la que achacan sobre todo que les haya ocultado información relevante durante declaraciones vitales para el proceso como la del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez.

El primero en denunciar esta situación fue el abogado de los dos ex directores generales de Finanzas Pablo Millán y Juan Vela, quien afirmó que la juez manejaba documentación en algunas declaraciones que no había notificado a las partes. Después fue el abogado Fernando de Pablo, que representa al ex diputado andaluz del PSOE Ramón Díaz, quien criticó que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil retenía desde hace más de dos años el 90% de la documentación que en su día entregó la ex asesora de Empleo María José Rofa, lo que estaba provocando una "profunda indefensión" de los imputados.

El abogado José María Mohedano, que representa al ex viceconsejero de la Presidencia Antonio Lozano y al ex director general de Presupuestos Buenaventura Aguilera se ha sumado a estas críticas a la actuación de la juez Alaya. En un escrito presentado en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el letrado ha solicitado la nulidad de las declaraciones de ambos altos cargos, así como de los autos que fijaron sendas fianzas civiles de 46,6 y un millón de euros, respectivamente, y también ha solicitado la nulidad de la declaración prestada en julio pasado por el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez.

Mohedano asegura en su escrito que Alaya pudo disponer durante el interrogatorio de Manuel Gómez de la declaración que había prestado el 5 de julio de 2012 el interventor delegado en la Consejería de Empleo Juan Luque Alfonso, así como de la documentación que entregó en su comparecencia, en concreto, un informe elaborado por él mismo y otros tres interventores de la Junta -el interventor adjunto fiscal Luis Hinojosa y los interventores generales Manuel Gómez y Rocío Marcos- que avalaba que el sistema de las transferencias de financiación que se utilizó para el pago de las ayudas de los ERE contaba con el "máximo respaldo legal e institucional" y era conocido por todos los agentes que intervienen en el proceso presupuestario, desde el Gobierno, pasando por el Parlamento andaluz y la Cámara de Cuentas.

El abogado de Lozano asegura que en la declaración del ex interventor general no pudo preguntar sobre la declaración de Juan Luque y de la documentación que éste entregó porque "se había sustraído a su conocimiento, sin que nada justifique que la declaración de Luque y documentos anexos se presentara en el juzgado por la Guardia Civil 14 meses después y también dos meses después de que una de las partes en este proceso hubiera puesto de manifiesto por escrito que la juez la había tenido a su disposición, sin que la conocieran las partes".

Mohedano considera que el hecho que de Alaya disponga de esas declaraciones "fraguadas a espaldas de los imputados" -según considera la doctrina del Tribunal Constitucional- y se base en ellas para interrogar a los imputados y para adoptar resoluciones de imputación sin que las partes dispongan de las mismas supone "una grave vulneración del artículo 24 de la Constitución española y del artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", sostiene este defensor, que insiste en que el informe aportado por Luque contradice el supuesto "carácter inadecuado del uso de las transferencias de financiación".

La defensa de Lozano insiste en que pese a que el propio Juan Luque puso de manifiesto en un escrito presentado en julio de este año que no se habían incorporado esos documentos a la causa, la juez "continuó realizando diligencias sin entregar dicha documentación a las partes", por lo que se les causó a Lozano y Aguilera una "grave indefensión", no sólo relativa a sus propia declaraciones sino de los demás, puesto que se les "privó de la posibilidad de preguntar sobre dicha documentación, entre otros, al interventor general Manuel Gómez, y también de la posibilidad de utilizar el contenido de dicho documentos" al impugnar las fianzas civiles impuestas y en el recurso presentado contra el auto del 28 de junio por el que fueron imputados una veintena de altos cargos de la Junta.