EL comité extraordinario de la Unión General de Trabajadores de Andalucía, convocado a raíz de la dimisión del secretario general, Francisco Fernández Sevilla, acosado por el escándalo de los fondos públicos indebidamente utilizados y las facturas falsas, zanjó ayer la ausencia de liderazgo eligiendo como sustituta a Carmen Castilla, hasta ahora secretaria de Políticas Sociales e Igualdad, enfermera de profesión y militante del PSOE. Propuesta por la poderosa Federación de Servicios Públicos de la central, obtuvo 98 votos a favor en el comité y ninguno en contra, con veinte votos en blanco o ausentes en el momento de la votación. De este modo se impuso la tesis de quienes querían cerrar la crisis de inmediato mediante la designación de un secretario general por el propio comité frente a la minoría que aspiraba a una verdadera catarsis de la organización que materializara una renovación a fondo y una ruptura con el pasado, todo ello a través de un congreso extraordinario. Era también la posición de la dirección federal de UGT, con Cándido Méndez a la cabeza, convencida de que el caso de las facturas falsas y la malversación de las cuantiosas subvenciones de la Junta durante años es de tal gravedad -está sometido a investigación judicial y a la revisión de la propia Junta- y afecta de manera tan demoledora a la credibilidad del sindicato que se necesitaba un cambio drástico de rumbo, funcionamiento y dirigencia. Como decimos, UGT ha optado por la salida más fácil, colocando en la cúspide a una joven aunque veterana sindicalista, muy vinculada al poder político socialista, en la que ha depositado un amplio margen de confianza para reformar la central "sin hacer sangre" con el liderazgo anterior, aunque es un hecho cierto que en la ejecutiva que se remodeló ayer no queda ningún líder procedente del largo periodo de mandato de Manuel Pastrana, en cuyos quince años y cuatro mandatos UGT se consolidó como uno de los dos grandes sindicatos andaluces, se constituyó en poder fáctico cuantiosamente financiado gracias a los acuerdos de concertación social y albergó las prácticas de ingeniería financiera y contable que han terminado llevándola al descrédito y casi a la quiebra. Igual que la nueva presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, siendo cooptada por su predecesor, se encargó de borrar de su Gobierno todo lo relacionado con el escándalo de los ERE, Carmen Castilla está emplazada a limpiar UGT de su propio escándalo, colaborando con los tribunales y con la Junta en el esclarecimiento de las responsabilidades pertinentes y desterrando la política y la gestión que la han sumido en la crisis más grave que se le recuerda en la Andalucía contemporánea.