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Andalucía

La Junta solicita a empresas de cursos a parados más de seis millones de euros

  • El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se muestra sorprendido "por la repercusión" mediática de un caso que aún no ha llegado a la Fiscalía de Málaga

Ni en la Fiscalía de Málaga ni en otros ámbitos jurisdiccionales se conoce aún cuál es el alcance y la naturaleza del fraude de las empresas que han dado cursos para formación de parados con cargo a las subvenciones de la Junta. Desde dos importantes instancias, la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), se explicó ayer que la investigación está en manos de la unidad contra delitos económicos de la Policía (UDEF) sin que aún haya sido judicializada ni entregada a la Fiscalía de Málaga. La UDEF trabaja sobre una denuncia de la Seguridad Social sobre 17 empresas malagueñas que recibieron en el año 2010 un total de 1,5 millones de euros. Sin embargo, desde el mes de noviembre, la Consejería de Educación, de la que dependen la Formación Profesional Ocupacional, viene analizando curso por curso, se han estudiado unos 4.000 expedientes y en 56 cursos ya se ha detectado que el dinero de las subvenciones no se gastaron correctamente, por lo que se han pedido los reintegros totales o parciales. Según ha conocido este medio, la cantidad que la Junta solicita ronda los seis millones de euros. El titular de Educación, Luciano Alonso, comparecerá el próximo martes en el Parlamento para dar los detalles de esta revisión interna.

Educación contrató a 60 interinos para analizar todos los expedientes desde el año 2007 hasta el 2011, ya que desde las pasadas elecciones autonómicas no se han concedido este tipo de ayudas. Las que se sabe que la UDEF investiga suman 1,5 millones, aunque fuentes policiales mantienen que la cifra puede subir en función de hasta dónde llegue la investigación. La Junta se ha adelantado por la vía administrativa con estas solicitudes de reintegro, y sólo llevará el caso ante la Justicia si aprecia indicio de delitos. No obstante, para ello es necesario que concluya el trámite del expediente administrativo.

Pero, además de la investigación de la UDEF y el de la propia Junta, hay otra puesta en marcha por los juzgados número 9 y 6 de Sevilla, la relativa a las denominadas facturas falsas de UGT. La Guardia Civil ya ha obtenido de la Consejería de Educación todo lo referido a los cursos de formación de los últimos años. Esta investigación fue asumida por la juez Mercedes Alaya, del número 6, pero la Audiencia sólo le dejó las facturas relacionadas con Juan Lanzas, uno de los principales implicados en el caso de los ERE, mientras que el 9, cuyo titular es Juan José García Vélez, ha asumido el grueso de la instrucción. Esta segunda vía judicial puede aportar más datos de cómo un sindicato como UGT ha gestionado durante años los fondos que recibía para cursos de formación.

La investigación de la UDEF, sobre la que la Junta mantiene que fue el Ministerio del Interior el que se encargó de darle relevancia para dañar al Gobierno andaluz, no ha llegado aún a la Fiscalía. El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, mostró su sorpresa por el hecho de que este caso "tenga tanta repercusión porque no se sabe tampoco la dimensión que puede tener". Del Río presentó ayer en el Parlamento andaluz la memoria del TSJA. De algún modo, su extrañeza viene a coincidir con la expresa por la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

Además, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, informó que, según le comunicó ayer por la mañana el fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, la Fiscalía de Málaga aún no ha recibido esos informes policiales. "La Fiscalía de Málaga no ha recibido aún los informes de la UDEF que hacen referencia a supuestos fraudes en la concesión de cursos de formación en atención con la Seguridad Social. Cuando se produzca todo ello, lo vamos a examinar", señaló el máximo responsable del Ministerio Público. En cualquier caso, Torres-Dulce ya ha expresado tanto a Salinas como al fiscal de Málaga su "máxima disposición para organizar un equipo de trabajo en la Fiscalía que dé el mayor impulso posible a la investigación de estos hechos". Preguntado si le parece lógico que, una semana después de que este asunto saltara a los medios de comunicación, el tema aún no esté en manos de la Justicia, el fiscal general dijo desconocer a qué se debe esta circunstancia.

"Los órganos policiales -explicó Torres-Dulce- trabajan con los ritmos de eficiencia que ellos estiman oportunos. Yo puedo opinar respecto de los ritmos de eficiencia judiciales o del Ministerio Fiscal pero, en cuanto a la Policía, ellos tienen un ámbito de autonomía suficiente para actuar así.

Respecto a la filtración del presunto fraude, Eduardo Torres-Dulce ha indicado que para él "no tiene ninguna trascendencia" que estos asuntos salten a los medios de comunicación salvo, si su publicación tuviera "una trascendencia procesal", algo que, ha añadido, "en este momento" no sucede.

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