Los ayuntamientos andaluces recibirán este mes cinco millones de euros para paliar situaciones de emergencia en suministros de luz, agua, gas y otras prestaciones de urgencia social. Entre éstas se encuentran gastos para cubrir alquileres (en caso de que el impago provoque un desalojo), alojamientos en albergues u hoteles si no es posible mantenerse en la vivienda habitual y gastos de reparaciones en viviendas para mantener su habitabilidad. Estas ayudas destinadas a atender contingencias extraordinarias, tanto por razones sobrevenidas como por la falta continuada de recursos, estarán disponibles un año. Tendrán carácter finalista y, en ningún caso, serán indefinidas en el tiempo.

Ésta es la intención de la Junta de Andalucía a incluir en el próximo decreto ley de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social, que será aprobado por el Consejo de Gobierno bien mañana o la próxima semana.

El nuevo decreto ley de inclusión social recogerá como novedad un fondo para que los ayuntamientos que así lo soliciten hagan frente a estas situaciones, al igual que durante el último año el primer decreto de medidas ha ofrecido ayuda alimentaria a los andaluces que han acreditado riesgo de exclusión social con un informe de los servicios sociales comunitarios. Una vez se apunten los ayuntamientos, se repartirá el dinero en base al número de parados.

Para beneficiarse de estas ayudas habrá que presentar un informe social, sólo será válida una petición por familia y encontrarse en una situación que requiera una actuación inmediata para evitar la exclusión. No se requerirá la residencia previa a inmigrantes, transeúntes o emigrantes retornados si así lo acuerdan los servicios sociales.

La Junta prevé crear una comisión andaluza con dirigentes autonómicos y expertos para seguir este programa de suministros, y también comisiones provinciales. El nuevo decreto ley sustituye la comisión de seguimiento prevista en el primer decreto (con empresarios, sindicatos y ayuntamientos) y que nunca se convocó por la obligación de las entidades locales de proporcionar informes estadísticos.

El pasado agosto el vicepresidente de la Junta anunció la intención de aprobar un decreto para asegurar los suministros de agua y luz e impedir los cortes en el mismo. Valderas previó destinar 20 millones de euros para asegurar un suministro a quien percibiera un salario social, unos 50.000 andaluces. Este propósito fue rechazado por agentes sociales, como CCOO, que calificó esta política de "beneficencia" y por el propio PSOE, socios de Gobierno.

Esta idea original se ha ido modificando a lo largo de los meses y para conocer su concreción habrá que esperar a otoño. Por lo pronto, el primer paso es este fondo para situaciones de emergencia que manejarán los ayuntamientos.

Fuentes de la negociación subrayan que el aplazamiento no se debe a un nuevo desencuentro entre PSOE e IU. Señalan que el periodo crítico en el que se quiere garantizar estos suministros es el invierno y quedan meses para poner en marcha la iniciativa. Y añaden una incertidumbre: Cataluña ha implantado en el último año una medida similar y ha sido convocada por el Gobierno central a una reunión para analizar su legalidad.

A la espera de conocer las conclusiones de ese encuentro, la Junta diseña su plan. La idea que barajan los responsables autonómicos, impulsados por la Consejería de Administración Local que dirige IU, pasa por apoyarse en las normas que protegen a los consumidores. Se trataría de plantear una moratoria por la cual los consumidores en situación de vulnerabilidad económica estarían protegidos del corte de los suministros eléctricos y de agua en el periodo entre noviembre y marzo. Habría una especial protección a jubilados, familias con discapacitados e ingresos mínimos y sólo se podrían beneficiar de la medida familias quienes ganen menos de 1.000 euros (dos veces el Iprem). Se habilitaría a estas familias para un pago fraccionado de la deuda en los meses de abril y octubre siguientes. Las empresas suministradoras, antes de interrumpir los suministros, dispondrían de un informe de los servicios sociales que acredite la situación de vulnerabilidad de las familias y que tendrá vigencia durante seis meses. No obstante, la definición se ve pospuesta a otoño, siempre que no haya anticipo electoral mediante.

Según los cálculos de la Junta, la pobreza energética afectó entre enero de 2011 y diciembre de 2012 a medio millón de andaluces.