El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha archivado la queja del Parlamento andaluz que, en abril pasado, presentó el presidente de la Cámara autonómica por la "posible afectación al ejercicio de las funciones de los parlamentarios, el respeto al principio de separación de poderes y a la propia inviolabilidad del Parlamento" en relación con varios autos de la instructora relacionados con la actuación del Parlamento en el fraude de los ERE.

El promotor de la Acción Disciplinaria del Poder Judicial comunicó recientemente al Parlamento de Andalucía que "no se aprecia anomalía o irregularidad imputable" a la juez Alaya, por lo que entiende que "no procede la adopción de medida alguna" disciplinaria. El instructor entiende, en cuanto a las diligencias que motivaron la queja de la Cámara autonómica, que "se trata de una cuestión estrictamente jurisdiccional que, en su caso, podrá ser revisada a través de los recursos procesales que legalmente sean procedentes, pero que no puede conllevar ninguna actuación de carácter disciplinario".

El presidente del Parlamento de Andalucía, Manuel Gracia, envió en abril pasado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por los dos autos emitidos en el mes de marzo por la juez en cuanto a su "posible afectación al ejercicio de las funciones de los parlamentarios".

El escrito recordaba los argumentos que dio la juez en su primer auto el pasado 3 de marzo donde menciona al Parlamento y después en el auto del día 13 de ese mismo mes, donde hace puntualizaciones, pero insiste en el requerimiento de informe de la Intervención General del Estado sobre el papel de la Comisión de Economía y Hacienda, "acotando para ello el objeto de examen a dicha Comisión".

El escrito enviado por Gracia también aseguraba que "las Comisiones son también Parlamento" (artículo 75.1 CE y 103.2 EAA), y entendía que el juicio que realiza la instructora sobre los diputados en el ejercicio de sus funciones con ocasión de la aprobación de la Ley de Presupuestos "se antoja cuanto menos gratuito. Los andaluces tienen que conocer que sus representantes, independientemente de la complejidad técnica de los asuntos que tratan, están siempre debidamente asesorados", precisaba el presidente del Parlamento.

En el segundo auto, la instructora aclaraba que no era su intención investigar a la Cámara andaluza. En la resolución, la magistrada señalaba que ya en un auto anterior dictado el 31 de octubre de 2012 dejó claro por lo que respecta al Parlamento andaluz que "ni siquiera como hipótesis de estudio se ha planteado la existencia de responsabilidad" de la Cámara y añadía que "partir de la consideración de que esta indiciaria maquinación delictiva en la elaboración de los Presupuestos era además conocida por el Parlamento, supone restarle complejidad técnica a la Ley de Presupuestos".

En mayo pasado, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) emitió un nuevo informe pericial en el que exculpaba expresamente a la Comisión de Economía y Hacienda del conocimiento del fraude de los ERE, por cuanto se utilizaba una "terminología críptica, imprecisa, generalista y a menudo equívoca", lo que provocaba una "indeterminación" acerca de quién pudiera ser el órgano que otorgaba o concedía las ayudas.