El juez de Instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, ha levantado el secreto de sumario de la operación Cirene II realizada el pasado 24 de junio por la Guardia Civil contra el fraude de las facturas falsas de la UGT y que se saldó con la detención de 16 personas que fueron finalmente puestas en libertad con cargos, según han confirmado fuentes judiciales.

Las mismas fuentes han explicado que el secreto de esta causa, declarado en septiembre pasado, vencía a principios de este mes de julio y que el instructor no decidió prorrogarlo, por lo que a partir de ahora el juzgado notificará a los abogados de los 16 imputados que pueden acceder a los documentos incorporados a la causa.

Ninguno de los tres sindicalistas detenidos en la operación Cirene II se considera responsable de los delitos de falsedad documental y fraude de subvenciones que se les atribuyen. El que fuera tesorero del sindicato UGT entre 2005 y 2013 Federico Fresneda negó su participación en la elaboración de las facturas falsas, sistema con el que según la Guardia Civil el sindicato se habría estado financiando irregularmente durante los últimos doce años. 

Fresneda manifestó que no tiene conocimientos de las facturas falsas ni de que se hayan "inflado" las partidas incluidas en las mismas, ya que él no se encargaba de pedir las subvenciones ni de la gestión de las facturas, por lo que descargó la responsabilidad en la que fuera secretaria de Gestión Económica María Charpín Osuna, que también quedó en libertad con la misma obligación apud acta de comparecer cada 15 días en el juzgado.

Fresneda precisó en su declaración que cuando le llegaban las facturas ya estaban confeccionadas, especificándose en las mismas el cargo y el programa al que correspondían. Cuando el fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto le preguntó si se rendían cuentas de la facturación y de la gestión de las subvenciones, el ex tesorero respondió que siempre se informaba a la Comisión Ejecutiva del sindicato.

Ante el instructor comparecieron otras dos sindicalistas, Dolores Sánchez Montaño y María Charpín Osuna, que también negaron su implicación en la facturación falsa. En el interrogatorio de María Charpín, en el que según algunas fuentes el fiscal se mostró contundente en las acusaciones a la sindicalista, la ex secretaria de Gestión Económica de UGT-A explicó que no sabe nada de los dos procedimientos que presuntamente seguía el sindicato para desviar los fondos públicos de las ayudas, conocidos como rappel y el bote. 

El rappel consistía en unos descuentos indirectos que las empresas proveedoras realizaban al sindicato cuando se hacían compras importantes, pero que eran abonados al margen de la factura oficial que se presentaba ante la Junta de Andalucía para justificar la subvención. 

El otro procedimiento utilizado para desviar presuntamente los fondos públicos se conocía como el bote, que en la práctica se asemejaba a una contabilidad B u oculta. El procedimiento seguido en este caso sería el de solicitar a las empresas la expedición de una factura con cargo a un programa específico, pero en realidad no se habría prestado ningún servicio, con lo que la totalidad del importe de la factura pasaría a ese bote con el que la UGT se habría estado financiando durante años, destinando ese dinero a actividades propias pero distintas a las que se concedió la ayuda. Según las fuentes consultadas el saldo de ese bote llegó a ser tan voluminoso que el sindicato pasó de contabilizar esas cuantías en unas hojas de Excel a crear una aplicación informática exclusiva para gestiones esa doble contabilidad.

Las 16 personas que fueron detenidas en la segunda fase de la operación Cirene quedaron finalmente en libertad con cargos, puesto que el juzgado de Guardia de Novelda (Alicante) dejó libres a las dos mujeres detenidas en la empresa Carpetas Abadías en la localidad de Agost, y también quedó libre por la propia Guardia Civil otra mujer detenida en la empresa Siosa de Madrid.

Ante el instructor también compareció la ex directora de Compras de UGT-A Dolores Sánchez Montaño, quien negó igualmente que el sindicato elaborara facturas falsas y alegó que lo que existía era una facturación "conjunta" de varios albaranes de compras.

Dolores Sánchez afirmó que como responsable del departamento a ella le llegaban las necesidades de compra y entonces preguntaba si había presupuesto y si se podía, se encargaba el producto. 

Con posterioridad, la facturación se hacía conjuntamente de varios albaranes de compra, lo que a su juicio podría explicar las discrepancias en la facturación. 

Frente a los testimonios de los sindicalistas imputados, la Guardia Civil sostiene que las investigaciones han revelado diversos métodos que habrían sido utilizados para desviar el dinero de las subvenciones a otros fines distintos, en este caso, a una presunta "financiación del propio sindicato", hasta el punto de que esta práctica ilícita sería la vía "más importante en la financiación" de la organización sindical. 

El grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil añade que estos procedimientos fueron ejecutados por personal que trabajaba para la UGT-A, que estaba dirigido por Fresneda.

Hasta el momento no se ha cuantificado el fraude, si bien la Junta de Andalucía ya ha reclamado a UGT-A el reintegro de 1,8 millones de euros de subvenciones e investiga otros 19 expedientes por importe de 15,2 millones.