El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos considera que hay indicios para imputar a la presidenta de la Asociación para la Protección y Defensa de los Animales, Carmen Marín, el delito de falsedad documental, del que ha sido acusada junto a otro empleado de la protectora. Un nuevo auto de la magistrada deja sin efecto el sobreseimiento provisional anterior sobre esta causa e insta a investigar los hechos señalados, tras la aportación de nueva documentación "que acredita, siquiera sea indiciariamente, la existencia de delito de falsedad documental", consta en el escrito. La ex directora de la conocida como Protectora de los horrores de Torremolinos está también imputada por los presuntos delitos de maltrato animal continuado e intrusismo profesional por la muerte de 2.865 perros y gatos en apenas dos años.

Fue el Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga el que adjuntó nuevos papeles con los que el juzgado ha resuelto la práctica de diligencias. Unos documentos que supuestamente demostrarían que usó la firma de un veterinario con fecha posterior a su jubilación e incluso a su fallecimiento para justificar un listado de animales sacrificados en las instalaciones de Parque Animal. Asímismo, como nuevas pruebas, se incluyeron cartas remitidas al colectivo por tres veterinarios cuyos nombres, apellidos, firmas y números de colegiados aparecen en las diligencias judiciales "sin que los mismos hayan firmado ni intervenido en dichos listados".

La Fiscalía considera que "tanto las recetas como los certificados de eutanasia han debido ser cumplimentados por Carmen Marín, que es quien realiza los pedidos y decide los sacrificios, sin que ningún veterinario titulado haya intervenido", basándose en las diligencias de investigación realizadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y al testimonio de tres testigos.