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Andalucía

Alaya acusa a la Junta de conceder 950 millones para cursos de formación sin justificar

  • La juez cita a declarar el 16 de octubre al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, imputado por delitos de prevaricación y malversación.

La juez Mercedes Alaya, que investiga parte de las irregularidades detectadas en los cursos de formación financiados con fondos públicos, ha asegurado en un auto que la Junta concedió 950 millones de euros sin justificar en un período de cuatro años, entre 2008 y 2011, de acuerdo con las resoluciones de exoneración dictadas en relación a las empresas que debían de justificar el gasto de las subvenciones.

Así lo explica la magistrada en el auto en el que ha citado a declarar para el 16 de octubre como imputado por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, por haber concedido ayudas por importe de 70 millones para la formación de los ex trabajadores de esta empresa.

La instructora explica en este nuevo auto, dictado en la causa en la que se investigan además las ayudas concedidas a la Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo (Faffe), que según se desprende de las declaraciones prestadas ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por el director general de Formación para el Empleo, Carlos Cañavate, y de las propias pesquisas realizadas por los agentes, en virtud de las distintas resoluciones de exoneración de la justificación dictadas por la Administración andaluz a fecha de octubre de 2013 había una cantidad aproximada de 950 millones de euros en subvenciones sin justificar.

En cuanto a la imputación de Antonio Fernández, Alaya la justifica porque, según considera, en el período en que fue consejero de Empleo (entre 2004 y 2010) concedió "con ausencia de procedimiento diferentes subvenciones” para la formación de los ex trabajadores de Delphi, "sin convocatoria ni base reguladora” y en contra de la ley de Subvenciones.

La juez argumenta también que el ex consejero habría permitido la "subcontratación" de actividades formativas sin estar autorizada esa subcontratación y además se habrían otorgado becas por asistencia a los cursos “por encima del máximo legalmente permitido".

También le atribuye la magistrada haber concedido subvenciones a empresas para acciones formativas "en alternancia con el empleo, sabiendo que la relación laboral posterior sería inexistente".

Y por último, Alaya dice que el ex consejero concedió subvenciones desde 2007 dictando "resoluciones de exoneración de la justificación" de estas ayudas a las entidades beneficiarias en el período comprendido entre 2008 y 2011, contraviniendo de esta forma la ley de subvenciones.

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