El dinero recaudado por el fraude de los ERE, aún en fase de instrucción después de que la juez enviase al Supremo el caso la semana pasada por la presencia de aforados, es mínimo. La Consejería de Hacienda y Administración Pública no ofreció ayer una cifra concreta, aunque aportó que 16,7 están en fase de reintegro y 6,1 millones en fase de apremio, un proceso más avanzado pero sometido a una gran litigiosidad en los tribunales, más cuando el caso están en instrucción.

La "pequeña" cuantía devuelta a las arcas públicas llevó ayer a la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, a reclamar al Ministerio de Justicia una "vía exprés" jurídica que permita agilizar los procedimientos para recuperar el dinero público que se haya podido defraudar.

Para la consejera, si no se establecen estos mecanismos dichos procedimientos "se eternizan en los juzgados" y las resoluciones vuelven a ser recurridas, con lo que no se produce "un efecto que debería ser obligado: que en el momento en el que se conoce que ha habido fraude se recupere el dinero a la mayor celeridad posible".

El fraude de los ERE y la investigación de los cursos de formación acaparan la actualidad informativa de la Junta y Montero, que maneja con soltura la oportunidad de hacer política aún con la complejidad didáctica de su departamento, señaló que Hacienda intensificará los controles para las entidades que reciben ayudas de la Junta. Estas medidas se incorporarán en el próximo presupuesto y, según explicó la consejera, consistirán en proponer una vía de colaboración a la Agencia Tributaria nacional para investigar a las sociedades, planes de inspección anuales, suspender nuevas ayudas a aquellas que adeuden a la Junta (en el mismo programa) o pedirle a los beneficiarios de subvenciones que autorice a la Junta a recabar información sobre su capacidad económica. Otra petición al Gobierno, que según la consejera incluirá también en los Presupuestos, será que se elimine la tasa de reposición para los inspectores, que al igual que para el resto de funcionarios está en el 10%.

Montero hizo balance del trabajo de la Agencia Tributaria andaluza , que a finales de 2013 se marcó el objetivo de incrementar la recaudación de los tributos autonómicos mediante un plan denominado de lucha fiscal. Los tributos propios y cedidos (Sucesiones y Donaciones; Patrimonio y Transmisiones patrimoniales) apenas suponen un 10% del presupuesto y acumulan unos 1.900 millones, pero según los datos ofrecidos por Montero desde octubre de 2012 se habrían recaudado 375 millones gracias a este plan, un 12% más de lo previsto inicialmente.

La consejera, que en breve comenzará a diseñar las cuentas del próximo año, persigue nuevas vías de ingreso para cuadrar las menores transferencias por parte del sistema de financiación autonómica y el nuevo límite de déficit de un 0,7%, pero insistió en que no habrá nueva subida de impuestos (tampoco bajada para compensar a las clases medias) como reivindica el socio de Gobierno, IU.